Violentas protestas entre fuerzas de seguridad y grupos de protesta anti gubernamentales generaron disturbios en La Paz, sede del gobierno, entre el 20 y el 22 de febrero. Docenas de personas resultaron heridas y más de 140 arrestos se llevaron a cabo cuando la policía disolvía un bloqueo a la Asamblea Nacional (el poder legislativo).
Las protestas estuvieron lideradas por miembros de los sindicatos de cocaleros de Yungas, una región cercana a La Paz, así como por la Central Obrera Boliviana (COB), una federación sindical que representa a los mineros y trabajadores cooperativos.
Las protestas se produjeron en respuesta a iniciativas específicas de políticas gubernamentales en semanas recientes. Sin embargo, se intensificaron tras la decisión ejecutiva de conmemorar el primer aniversario del fallido intento por extender los límites del período presidencial a través un referendo popular. La propuesta fue derrotada por estrecho margen, con 51,3% de los votos en contra, el 21 de febrero de 2016.
El presidente, Evo Morales, está ejerciendo su tercer mandato y sumará catorce años en el poder para cuando deba apartarse del cargo en enero de 2020.
Movimientos en las calles
Simpatizantes de movimientos políticos izquierdistas alternativos junto a activistas del “No” en el referendo salieron a las calles para protestar contra el intento del Ejecutivo por realizar un segundo referendo y permitir que el presidente se perpetúe en el poder. Los opositores son ampliamente respaldados por académicos independientes y expertos legales y constitucionales, que insisten que una segunda consulta en el mismo período presidencial es ilegal.
A pesar de la resistencia, el gobierno ha relanzado una campaña propagandística sobre el tema y llevó a cabo manifestaciones masivas en todo el país el 21 de febrero.
Trabajadores del sector público recibieron la orden de asistir, mientras que miembros de los movimientos sociales alineados con el gobierno fueron enviados a inflar los números.
La propuesta del gobierno para revivir la reforma constitucional buscó calificar el referendo previo como “el día de la mentira”. Ministros de gobierno afirman que la oposición se “robó” la consulta al utilizar tácticas de difamación sobre la relación del jefe de Estado con una joven mujer y su posterior embarazo (que ha sido desde entonces refutado). Sin embargo, bajo la mirada de algunos, las declaraciones contradictorias del presidente sobre la relación sirvieron para socavar su posición moral.
Enormes esfuerzos
El gobierno ahora está realizando enormes esfuerzos en un intento por persuadir al público de que un segundo referendo está justificado.
Con este objetivo, encargó y publicó recientemente un costoso documental para apoyar su tesis de que una conspiración de sus detractores, ayudada por ex líderes de la oposición exiliados y por medios, socavó la validez del voto.
El partido político de oposición más grande del país, Unidad Demócrata, liderado por Samuel Doria Medina, ve la campaña como un símbolo del aumento de la desesperación por parte del gobierno.
El Ejecutivo perdió apoyo antes del referendo debido a un escándalo de corrupción de larga data relacionado con un fondo de desarrollo indígena, en el que grandes sumas fueron entregadas a líderes del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, para proyectos, aunque el dinero en muchos casos fue malgastado. Otros escándalos de corrupción afectaron al poder judicial, fiscales, jefes de la policía y funcionarios de ministerios, socavando la reputación y credibilidad del gobierno como un partido que defiende los intereses de los pobres.
Único líder
Morales es el único líder del MAS que tiene tanto un atractivo nacional como la capacidad de unir a los distintos grupos de intereses que conforman sus integrantes.
Forjar un frente unido bajo un nuevo líder parece improbable, con las peleas internas y la fragmentación del apoyo augurando una derrota electoral. Bolivia tiene una larga historia de políticos autoritarios y caudillistas, y los partidos políticos rara vez sobreviven a su líder fundador.
Sin embargo, la jugada del gobierno parece haber salido mal. La elevada participación en las protestas durante la campaña fue opacada por la violencia mientras los cocaleros y miembros del COB se tomaban La Paz, destruyendo propiedades y equipos policiales.
Las organizaciones involucradas están indignadas por lo que consideran son actitudes gubernamentales de largo alcance.
Cocaleros de la región de Yungas estaban exacerbados por una propuesta de proyecto que, aunque formalmente aumenta la cantidad de coca que legalmente se puede sembrar a 22.000 hectáreas, concederá 7.000 hectáreas a cultivadores en áreas no tradicionales de Chapare, donde Morales sigue como líder de la federación de cocaleros a pesar de los evidentes conflictos de interés.
Las protestas fueron disminuyendo a medida que se llevaban a cabo las discusiones y las la atención se volcaba a las celebraciones de Carnaval, lo que también han dado un respiro al gobierno, pero su capacidad para seguir adelante con su agenda de impulsar otro referéndum se ha debilitado, disminuyendo las posibilidades de una segunda consulta.
Aunque The Economist Intelligence Unit asume que el gobierno seguirá buscando otras opciones para perpetuar el tiempo de Morales en el poder, la escalada de la reacción actual sugiere que la administración tiene un tiempo difícil por delante, y es probable que tenga que retroceder en sus esfuerzos.
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