Dave Lee en San Francisco
Casi 200 empleados y exempleados de Uber demandaron a la compañía, acusándola de perder una " arriesgada apuesta" que los dejó cargados con millones de dólares en impuestos adicionales después de su salida a bolsa el año pasado.
La demanda, presentada ante el Tribunal Superior de California el jueves, alega que Uber, a sabiendas y sin el permiso adecuado, puso a los empleados en riesgo de mayores cobros de impuestos en caso de que el precio de las acciones de Uber bajara en los meses posteriores a su Oferta Pública Inicial (OPI), tal como ocurrió. Uber ha dicho que las afirmaciones "simplemente no tienen fundamento".
Como es típico en las empresas de Silicon Valley, donde además del salario se corteja a los trabajadores con beneficios de acciones, varios miles de empleados de Uber estaban dispuestos a obtener una fuerte ganancia cuando la empresa se abriera a bolsa, un evento que significó que las Unidades de Acciones Restringidas (RSU, sigla en inglés) que tenían se transformaran en acciones que podían transarse, una vez transcurrido un período de bloqueo de seis meses.
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Originalmente, dice la denuncia, las acciones de los empleados se emitirían al final de ese período de bloqueo. Pero el 6 de mayo de 2019, días antes de la salida a bolsa de Uber, el personal recibió un memorando de la compañía explicando que la emisión se "aceleraría" a la fecha misma de la OPI.
El memorando describió el cambio como "en el mejor interés de los tenedores de las RSU, así como en el mejor interés de la empresa". Significaba que Uber podía fijar la cantidad de impuestos que tenía que pagar a nombre de sus empleados, una medida que agradaba a los inversionistas porque eliminaba un nivel de incertidumbre sobre el desempeño financiero futuro de Uber.
Para los empleados, sin embargo, significaba que el impuesto sobre la renta que ellos mismos tendrían que pagar por las acciones se calcularía en función del precio de la OPI, y no en el momento en que los empleados podrían vender sus acciones. En ese período, el valor de las acciones se redujo 40%.
“La aceleración benefició a Uber al eliminar el riesgo de que el precio de las acciones pudiera subir durante los siguientes seis meses, lo que obligaría a Uber a registrar un gasto de compensación mayor y, en última instancia, publicar resultados financieros inferiores”, argumenta la demanda. "Pero la decisión de anticipar la emisión implicaba el riesgo de aumentar drásticamente la obligación tributaria de los demandantes, lo que finalmente ocurrió".
Los 190 empleados y exempleados involucrados en la demanda perdieron una cantidad combinada del "orden de US$ 8 millones". La decisión de seguir adelante con la emisión de acciones no se tomó con el consentimiento adecuado de esos empleados, dice la demanda.
La acción no es una demanda colectiva, explicó Ray Gallo, abogado de los empleados, quien dijo que espera que Uber invoque una cláusula de arbitraje en los contratos de los trabajadores.
Apuesta incierta
"La queja se centra correctamente en el problema principal", dijo Bobby Bartlett, profesor de derecho de la Universidad de California en Berkeley, "que es si Uber tenía o no la autoridad contractual para modificar la disposición de emisión de acciones sin el consentimiento de cada titular de RSU.
Si el precio de las acciones de Uber hubiera subido, los empleados se habrían beneficiado al tener que pagar impuestos por un valor más bajo, una posibilidad mencionada en el memorando de la compañía del 6 de mayo.
“Pero esa fue, en el mejor de los casos, una apuesta muy incierta y arriesgada en el momento de la aceleración”, dice la demanda. "La aceleración creó la posibilidad de que un demandante debiera más en impuestos sobre la renta de lo que podría percibir por la venta de sus acciones de RSU".
El memorando describía varios de los riesgos y señalaba que los empleados estaban "fuertemente alentados" a buscar orientación de asesores fiscales externos.
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