La última semana de abril será el termómetro de la presidenta argentina Cristina Fernández y el mundo empresarial para determinar el alcance de la intención del gobierno de aumentar el número de directores estatales en las mayores compañías del país, algo que hasta ahora ha fracasado tras la negativa de firmas como el grupo Techint, que recurrió a la justicia para frenar el decreto que permite esta jugada.
El gobierno, a través de la Administradora Nacional de Seguridad Social (ANSeS), busca aumentar en 50% la cantidad de directores que tiene en las grandes firmas. El objetivo es sumar 11 sillas en las 21 empresas donde ya hay representación en el directorio, de las cuales siete pueden resolverse durante este mes.
“Queremos que las empresas ganen mucho dinero, pero después que distribuyan las utilidades que les corresponde a los 40 millones de argentinos”, sostuvo Cristina Fernández.
Efecto en el mercado
A partir del 26 de abril, al menos seis firmas realizarán asambleas de accionistas donde se tratará este tema. Las armas de la ANSeS apuntarán, en especial, hacia el Banco Macro, donde intentará hacer valer el 30,89% que tiene de participación en la empresa para instalar al menos a dos hombres de confianza que ejerzan su voto.
La idea de aumentar la participación estatal en las firmas a través del decreto que eliminó el límite de 5% de derecho a voto que tenía hasta ahora hizo que las acciones cayeran a comienzos de semana. A este desplome se sumó que la siderúrgica Siderar, del grupo Techint, recurrió a la justicia por considerar inconstitucional e ilegal las medidas tomadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que vetó las decisiones de los accionistas de la firma con respecto a reparto de utilidades.
La posición de Siderar generó rechazo en el oficialismo. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que “el Estado no quiere manejar a las empresas, sino que sólo participar como se debe en las compañías en donde tiene participación accionaria a través de la ANSeS”.
Temor de inversionistas
Analistas opinan que la jugada del gobierno de elevar su participación en compañías a través de un decreto y no a través del Congreso “genera temor en los inversionistas, ya que la modificación de una ley no es una cuestión que pueda resolverse con un decreto de necesidad y urgencia, sobre todo cuando no hay ni necesidad ni urgencia evidente”, comentó Mariano Tavelli, titular de la casa de bolsa homónima
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