OGX, la firma insignia del grupo que encabeza el empresario brasileño Eike Batista, incumplió ayer el pago de intereses sobre un bono por US$ 45 millones. Aunque la petrolera aún tiene un período de gracia de 30 días, los analistas advirtieron que quedó al borde del mayor default corporativo de Latinoamérica.
Un colapso del grupo amenaza con dejar una ola de damnificados, a medida que los acreedores se esfuerzan por salvar al menos una parte de su capital. La lista incluye a reconocidos inversionistas, fondos y bancos locales. Pimco, el mayor fondo de inversiones en bonos del mundo, es el más comprometido, con US$ 576 millones y está liderando el comité de tenedores de bonos que contrató a Rothschild para que los asesore en una reestructuración
Incluso Andre Esteves, otra de las súper estrellas de los negocios en Brasil, se ha visto arrastrado al desastre de Batista. La fortuna del CEO de BTG cayó a US$ 3.550 millones en julio, desde
US$ 4.850 millones en marzo, cuando BTG extendió una línea de crédito por
US$ 1.000 millones al grupo de Batista.
Pero los afectados podrían extenderse incluso al ámbito político, a medida que las críticas de los legisladores por los millonarios préstamos del estatal BNDES amenaza con golpear al gobierno de Dilma Rousseff.
Arriesgada apuesta
Cuando la ola vendedora comenzó a profundizarse, a inicios de año, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, inició su retirada, vendiendo US$ 160 millones en bonos de OGX a abril y reduciendo su exposición a US$ 69 millones.
En una arriesgada apuesta, Pimco tomó la posición contraria, comprando US$ 170 millones en deuda de OGX en los seis meses a marzo.
Impacto en la banca
Los tenedores de bonos no son los únicos preocupados. Los principales bancos de Brasil mantienen millonarios préstamos con el grupo. Itaú, el mayor banco de Brasil, tiene cerca de 5.500 millones de reales (US$ 2.400 millones) comprometidos en compañías relacionadas a Batista, mientras que Bradesco, el segundo banco del país, le ha prestado 4.800 millones de reales. Por su parte, BTG tendría una cartera vigente de 650 millones de reales (US$ 286 millones). Sin embargo, el mayor banco de inversión independiente de Latinoamérica ha sido más castigado por su riesgo. “Ya que BTG tiene un valor de mercado más pequeño, tiende a sufrir más que otros bancos” dijo a Bloomberg Eduardo Carlier, gestor de fondos en Schroders. Las acciones de BTG han perdido 19% desde el acuerdo con Batista, el 6 de marzo, frente al 6,1% que han retrocedido las de Bradesco y 4% Itaú.
BTG suspendió en julio su acuerdo con Batista, que incluía la línea de crédito por US$ 1.000 millones. Y ante la creciente presión del mercado, Esteves tuvo que salir a responder las preguntas de los analistas sobre la exposición del banco, en una conferencia telefónica a comienzos de agosto.
Moody’s, además, incluyó a BTG en un reporte de julio donde advertía sobre las “considerables pérdidas” que enfrentarían los bancos si el holding de Batista cae en default.
Acreedores en pugna
La crisis del grupo brasileño está poniendo a los acreedores en conflicto. “Los tenedores de bonos podrían tener dificultad en la batalla legal con los tenedores de acciones, los acreedores cuasi-soberanos y los acreedores generales locales”, dijo a Bloomberg Ulisses de Oliveira, gestor de Galloway. Los tenedores de bonos podrían estar dispuestos a refinanciar al grupo, porque si Batista se acoge a protección de acreedores y vende activos para pagar compromisos, podría no quedar nada para ellos.
A eso se suma que en el caso de una bancarrota, el regulador brasileño retiraría al grupo sus 30 concesiones petroleras, y que garantizan los bonos. “Existe un escenario donde (el valor de los bonos) podría caer a cero” advirtió Omar Zeolla, analista de Oppenheimer.
El proceso se podría complicar aún más por la burocracia de Brasil, que ocupa el puesto 143 de 185 economías en el ranking Doing Business en lo que respecta a resolver insolvencias, por debajo incluso de Argentina y Pakistán. El proceso toma cerca de cuatro años, más del doble que en EEUU, y las tasas de recuperación promedian apenas US$ 0,159 sobre US$ 0,815.
Según Fitch, en caso de un default, los inversionistas podrían recuperar entre 31% y 50% del capital.
Implicancias políticas
También el gobierno ha salido salpicado. Un grupo de legisladores presiona para obligar al estatal BNDES a revelar su exposición al grupo. Aunque el banco ha reconocido préstamos por US$ 4.700 millones, no ha dicho cuánto está vigente. Los parlamentarios temen que un default perjudique a los contribuyentes y afecte las finanzas públicas en momentos en que el déficit se ha elevado al máximo de cuatro años y la calificación de crédito del país está en riesgo.
Los críticos acusan a Rousseff de utilizar a BNDES para impulsar el anémico crecimiento.
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