El gobierno de Ollanta Humala está convencido de la necesidad de impulsar las inversiones en hidrocarburos, expresó a Gestión el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Por ello, el reclamo por las demoras en las autorizaciones y permisos para la exploración y explotación petrolera viene siendo revisado permanentemente para agilizar los procesos, agregó.
El Poder Ejecutivo prepara una norma que permitirá una evaluación del impacto ambiental preliminar, que será presentada por el inversionista, a fin de que de dicho informe se pueda establecer la categoría del tipo de estudio ambiental definitivo que necesite un proyecto de inversión. “Esta norma ya se encuentra en consulta multisectorial para poder aprobarla”, reveló el personero.
La medida permitirá, por ejemplo, que mediante el estudio preliminar los impactos ambientales de un proyecto determinado se califiquen como leves, moderados o significativos. Y, dependiendo de ello, se necesitaría una declaración de impacto ambiental, un informe semidetallado, o un informe detallado.
El estudio preliminar también podría determinar la presentación de un estudio integral, de forma que el inversionista, desde el inicio de la exploración, obtenga las autorizaciones sociales, audiencias públicas y permisos para todo el proyecto.
De esta manera, se evitaría lo que está pasando: que existe un permiso para exploración, otro para perforar un pozo, y otro para el desarrollo del proyecto. En cada caso hay que hacer audiencias públicas, lo cual extiende los plazos para el permiso definitivo. “Esta norma es claramente de simplificación, por lo que nosotros esperamos que muy pronto sea promulgada”, dijo Merino.
Asimismo, refirió que hace unos meses se inició la coordinación con el sector privado para acelerar los permisos y buscar un marco normativo más amigable para la inversión. Lo que se busca ahora es que, a través de una ventanilla única virtual, se pueda llevar un mejor control de los permisos sectoriales de los estudios de impacto ambiental (EIA).
“Pensamos tener reuniones mensuales (con el sector privado). Es decir, se va a continuar con los diálogos buscando la concertación y evaluando caso por caso”, anunció Merino.
Inversiones en carpeta
El MEM confía en que este año se mantendrá el nivel de inversiones en exploración petrolera similar al de 2012. El año pasado, las inversiones en hidrocarburos sumaron
US$ 1.880 millones y a julio pasado ya se ejecutaron US$ 818 millones (43,5% de lo hecho en 2012), de los cuales US$ 330 millones se destinaron a exploración (frente a US$ 947 millones en todo 2012) y US$ 508 millones a explotación (US$ 933 millones se ejecutó en 2012).
Este año, el ministerio ya aprobó nueve estudios de impacto ambiental, cuya inversión conjunta llega a
US$ 3.378 millones.
Según Merino, si bien el informe oficial de Perupetro dice que existen a la fecha 28 lotes petroleros en situación de fuerza mayor (es decir, están suspendidos), solo ocho se deben a que aún no tienen la aprobación de los estudios de impacto ambiental en su sector, de los cuales uno fue presentado en diciembre de 2012 y el resto en este año. Es decir, la mayoría de atrasos es por razones que no corresponden al MEM.
A pesar de los problemas mencionados, Merino remarca que desde 2004 a 2013 se han aprobado más permisos para exploración y explotación de los que se han ejecutado.
Estudios ambientales ya se pueden aprobar en 43 días
El ministro Jorge Merino sostiene que a partir del D.S.060-2013-PCM se estableció la reducción de los plazos de evaluación para la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA).
Por ejemplo, dependiendo de la calidad del EIA que presente el inversionista, su aprobación podría tomar 43 días en el sector Energía y Minas, sin contar los plazos que toman las opiniones de otros sectores. Ello ha permitido que en lo que va de este año, el MEM ya haya aprobado nueve EIA, cuya inversión conjunta alcanza los US$ 3.378 millones.
Estos EIA requieren de la opinión favorable, de la autorización, de otros sectores. Por ejemplo, permisos de uso de agua, forestales, el CIRA (certificados de la no existencia de restos arqueológicos), uso de combustibles, entre otros.
Sin embargo, es clave "lograr una concertación permanente entre el sector público y el sector privado, para que, junto con las comunidades, se presente un marco normativo amigable a las inversiones petroleras", dijo.
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