Francia enfrenta este miércoles una jornada de huelgas y manifestaciones por el costo de la vida, prolongando así más de un mes de protestas, mientras las negociaciones parlamentarias sobre el presupuesto del próximo año siguen estancadas.
Los principales sindicatos del país, tanto del sector público como del privado, han hecho un llamamiento a la movilización nacional, reuniendo diversas fuentes de indignación, entre ellas el movimiento popular de los Chalecos Amarillos, que surgió en 2018, y los estudiantes que comenzaron a protestar en septiembre contra el hacinamiento en las aulas, la escasez de profesores y el deterioro de los edificios escolares.
El contexto político difícilmente propicia el compromiso: a tan solo seis meses de las elecciones presidenciales, los críticos del Presidente Emmanuel Macron buscan dar a conocer sus agendas y canalizar la ira pública para reforzar sus plataformas políticas.
“Queremos vivir dignamente de nuestros trabajos”, declaró Marylise Leon, secretaria general del sindicato CFDT, en BFM TV. “Tenemos problemas de poder adquisitivo, problemas para llegar a fin de mes, y ese es el mensaje que enviaremos al gobierno y a los empleadores”.
Más de medio millón de personas participaron en marchas por toda Francia a mediados de octubre. La violencia y los saqueos interrumpieron las manifestaciones y causaron daños a edificios públicos y comercios. Algunos incidentes aislados a primera hora de la mañana incluyeron a un grupo de jóvenes que, en la esquina de las principales avenidas de París, Saint Michel y Saint Germain, arrojaron bicicletas y cubos de basura a los coches detenidos en los semáforos en rojo durante la hora punta.
Si bien el gobierno de Macron ha declarado que no estaba preparado para la magnitud de las protestas del 17 de octubre ni para la violencia que las acompañó, el fuerte aumento de la presencia policial desde entonces y la exigencia de que las marchas se realicen fuera de los centros urbanos han permitido manifestaciones mayoritariamente pacíficas y han contenido la violencia nocturna. Al mismo tiempo, también se han producido disturbios en otros países de Europa, como Alemania, Bélgica y Portugal.
La compañía ferroviaria SNCF anunció interrupciones en el servicio de trenes regionales, incluyendo la región de París, y la cancelación de uno de cada diez trenes de alta velocidad. Según la empresa de transporte público RATP , la prefectura de policía de París cerró al menos 25 estaciones de metro en la capital, y el servicio se vio afectado en algunas líneas. Los estibadores también convocaron una huelga y, según la Agencia France-Presse, que cita a la oficina del primer ministro, el 2,2% de los institutos de secundaria cerraron sus puertas.
La candidata de extrema derecha Marine Le Pen ha hecho hincapié en el componente de ley y orden de su programa, mientras que Mélenchon se ha centrado en cuestiones sociales y la violencia policial.
Mientras tanto, Macron ha culpado en gran medida al aumento vertiginoso de los precios de la energía, las redes sociales y la ultraizquierda de avivar la violencia. Se movilizarán unos 70.000 agentes de policía, tantos como el sábado pasado, según declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez.
Efecto en los mercados
La incertidumbre política y fiscal se ha extendido a los mercados financieros. El diferencial entre los rendimientos de los bonos gubernamentales franceses y alemanes a 10 años -un indicador clave del riesgo percibido, con la deuda alemana como referencia en la zona euro- alcanzó los 178 puntos básicos el mes pasado, frente a los 85 de principios de septiembre. No se habían alcanzado niveles similares desde la crisis de deuda de la zona euro en 2011.
Francia se enfrenta a un aumento vertiginoso de los costos del servicio de la deuda.
En las últimas semanas, los inversionistas han estado vendiendo bonos franceses, en parte debido a la preocupación por el déficit y a las dudas sobre si un gobierno minoritario podrá aprobar recortes de gastos en el parlamento.
La Asamblea Nacional rechazó el proyecto de ley de presupuesto en primera lectura el miércoles por la noche, tras una serie de enmiendas presentadas por distintos grupos de la oposición. Esto significa que el borrador original se enviará al Senado para su debate.
El gobierno aún podría recurrir al artículo 49.3 de la constitución para aprobar el proyecto de ley sin votación, sujeto a una moción de censura, o utilizar un decreto para implementar su propuesta presupuestaria y así restringir drásticamente el gasto y aumentar los ingresos fiscales para cumplir con su objetivo de reducir el déficit al 5% del producto interno bruto en 2027.
Se prevé que el déficit se amplíe hasta el 5,4% del PIB este año, mientras que el aumento de los costes de endeudamiento agrava la situación. La economía también está sufriendo: la producción cayó en el tercer trimestre y la confianza del consumidor mensual descendió a su nivel más bajo en 13 años.
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