Senadores brasileños dijeron que Jair Bolsonaro debería ser acusado de nueve delitos, incluyendo “charlatanería”, malversación y crímenes de lesa humanidad, en su conclusión de una investigación sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno que es poco probable que tenga un impacto a corto plazo en el destino político del presidente.
Una comisión del Senado presentó hoy miércoles un informe final después de seis meses de acaloradas audiencias y discusiones, que incluyeron testimonios de los cuatro hombres que se desempeñaron como ministros de Salud desde el inicio de la pandemia, aliados y enemigos de Bolsonaro, empresas que impulsaron tratamientos tempranos no probados y pacientes de Covid-19 .
A Bolsonaro se le atribuye en gran medida el manejo errático de la pandemia en Brasil, calificándola de una simple gripe, rechazando el uso de mascarillas y las vacunas y alentando a sus partidarios a ignorar las restricciones impuestas por estados y ciudades para detener la propagación del virus. El país registra más de 600.000 muertes por la enfermedad, solo superado por Estados Unidos a nivel mundial, y cuenta con más de 21 millones de casos.
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El informe oficial acusa al presidente de trabajar en contra de la evidencia científica, actuando con "evidente desprecio" por la vida de las personas, como lo demuestran el "retraso deliberado" en la compra de vacunas. También dice que trabajó "intensamente" para difundir noticias falsas sobre la pandemia.
"Con este comportamiento, el Gobierno, que tenía el deber legal de actuar, estuvo de acuerdo con la muerte de millones de brasileños", dice un extracto del documento presentado por el senador Renan Calheiros, relator de la investigación. "El Gobierno de Bolsonaro indiscutiblemente perjudicó la salud pública".
La investigación también sugirió acusaciones contra otras 67 personas y empresas, entre los que se encuentran ministros y exministros, médicos que recetaron medicamentos ineficaces y tres de los hijos de Bolsonaro, el senador Flavio, el legislador Eduardo y el concejal Carlos, por fomentar delitos al difundir noticias falsas.
Los senadores aún tienen que votar el informe, lo que se espera que ocurra el próximo martes. El Senado no puede proponer demandas formales contra Bolsonaro, sino que sugiere cargos al fiscal general, Augusto Aras. Aras, quien fue designado por el presidente, puede decidir si proseguir o retirar los cargos.
Una investigación de los casos podría conducir a una solicitud de juicio político, aunque eso se considera muy poco probable, ya que el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, la única persona responsable de iniciar tales procedimientos, es un aliado de Bolsonaro que ha estado atendiendo decenas de solicitudes durante meses.
La presidencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La semana pasada, cuando partes del documento comenzaron a filtrarse en la prensa local, Bolsonaro llamó a Calheiros "bandido".
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"Esta acusación, para todo el mundo, dirá que soy un asesino", dijo Bolsonaro a un grupo de simpatizantes. "No he visto a ningún gobernador acusado de asesinato en Brasil a causa de la pandemia".
Se esperaba que el informe acusara a Bolsonaro de delitos más graves, incluido el asesinato por omisión. Los cargos fueron retirados en el último minuto en medio de una intensa reacción entre los senadores de que el relator se había extralimitado.
Bolsonaro, uno de los únicos líderes mundiales que se ha negado a vacunarse, ha intensificado su estilo confrontacional durante la pandemia. A medida que se acumulaban las muertes y los casos, con frecuencia aparecía en los titulares con comentarios como "todo el mundo se muere, ¿qué quieres que haga?" y "los brasileños saltan y se tiran a las alcantarillas abiertas y no pasa nada". Impulsó medicamentos no probados, como la hidroxicloroquina y la ivermectina como solución al brote, al tiempo que ponía en duda las vacunas y los datos del Gobierno y criticaba los confinamientos.
Al principio de la investigación, el Senado se centró en la demora del Gobierno en la adquisición de vacunas, lo que llevó a un inicio lento y tardío de las inmunizaciones en la economía más grande de América Latina. La investigación descubrió que la Administración de Bolsonaro había ignorado repetidas ofertas de Pfizer Inc. para comprar vacunas en 2020. Las acusaciones de presunta corrupción en los contratos de vacunas también formaron parte de la investigación.
Desde entonces, la inmunización ha repuntado. Brasil ahora tiene más del 74% de su población vacunada con al menos una dosis, muy por encima de las tasas observadas en EEUU y la Unión Europea. Como resultado, los casos y las muertes han disminuido incluso mientras la economía se reabre.
Bolsonaro, quien se presenta a la reelección el próximo año, ha visto caer su popularidad a mínimos históricos en medio de la pandemia y de su consiguiente costo económico. La inflación, que supera el 10% en medio de los crecientes costos de los alimentos y el combustible, ha erosionado aún más su posición, y, hasta el momento, el mandatario está por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal rival político, en la mayoría de las encuestas.
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