El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, promulgó una ley que quita facultades a las agencias anticorrupción pese a la oposición interna y externa, desatando así el primer brote de descontento popular contra su liderazgo desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.
Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron durante la noche de este martes en Kiev, Leópolis y Odesa, en rechazo a la legislación que coloca a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) bajo el control de la Fiscalía General, cuyo titular es designado por el presidente.
Zelenskiy desestimó las preocupaciones expresadas por la oposición y por países del Grupo de los Siete (G7), que advirtieron que la medida podría entorpecer la lucha contra la corrupción de alto nivel. La NABU y la Fiscalía Anticorrupción fueron creadas hace una década a petición de los donantes occidentales.
Las inéditas protestas ocurrieron mientras la capital ucraniana sufre ataques casi diarios con drones y misiles, y reflejan el creciente malestar por lo que se percibe como una concentración de poder en el círculo cercano al mandatario. Esto sucede en momentos en que Ucrania busca convencer a sus aliados occidentales, especialmente en la Unión Europea, de mantener el envío de armamento y la asistencia financiera.
En Kiev, los manifestantes se reunieron cerca de un teatro en el centro de la ciudad, próximo a la oficina presidencial, con pancartas con consignas como: “¿Para qué quiero un sistema que trabaja en mi contra?” y “¿Queremos ser como Rusia?”
De escalar el malestar, se sumaría presión a un país devastado por la ofensiva rusa en un frente de 1.000 kilómetros y por bombardeos que han afectado a múltiples ciudades. Las protestas se realizaron a pesar de la ley marcial, que prohíbe las concentraciones masivas.
Ucrania tiene un historial de protestas multitudinarias que han derivado en revoluciones y en la caída de gobiernos autoritarios o corruptos.
Más temprano este mismo día, 263 diputados del Parlamento unicameral (de 450 escaños) votaron a favor del proyecto de ley, como parte de una serie de enmiendas al código penal impulsadas por el oficialismo. La bancada de Zelenskiy tiene mayoría. Durante la votación, miembros de la oposición intentaron bloquear la medida y gritaron “vergüenza”. El jefe de la NABU, Semen Kryvonos, pidió al presidente vetar la ley.
Preocupación internacional
Aunque los aliados de Ucrania han proporcionado decenas de miles de millones de dólares desde 2022 para enfrentar la guerra, un retroceso en las reformas anticorrupción podría poner en riesgo nuevas ayudas. Además, el debilitamiento de las instituciones anticorrupción puede frenar el proceso de adhesión a la UE y amenazar con la suspensión del régimen de libre visado con el bloque.
La inquietud aumentó el lunes, cuando autoridades ucranianas realizaron allanamientos masivos contra agencias anticorrupción. Un empleado de NABU fue arrestado bajo sospecha de haber enviado información sobre oficiales ucranianos a los servicios de inteligencia rusos, según la Fiscalía.
Los embajadores del G7 manifestaron su “profunda preocupación” por estos operativos —que habrían afectado al menos a 15 investigadores de NABU— y anunciaron que discutirán el tema con el gobierno ucraniano. La Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania instó a Zelenskiy a no firmar la ley y a mantener la independencia de las instituciones anticorrupción.
El viceprimer ministro Taras Kachka, encargado del proceso de adhesión a la UE, aseguró que Ucrania respetará sus compromisos en materia de Estado de derecho.
“Ucrania actúa con responsabilidad en el fortalecimiento del Estado de derecho y toma con la mayor seriedad la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de compromisos internacionales”, escribió en Facebook. “En estas materias, no puede haber compromisos”.
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