Tras cuatro jornadas a puro anuncio, el gobierno de Argentina se ubicó en el centro del ring en la batalla por fijar la agenda económica y las medidas de coyuntura.
Definido ya el esquema de derechos de exportación que propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en círculos empresarios dejaron en claro su malestar con algunas medidas y en especial con la decisión de avanzar "sin ninguna consulta".
La sorpresa ante los anuncios fue tan grande, que no hay una posición uniforme de los empresarios; más bien cada sector se posiciona de acuerdo al impacto que supone para su sector de actividad principal el alza de derechos de exportación e incluso el virtual desdoblamiento del mercado cambiario.
"Vemos esto con muchísima preocupación porque no hay un plan integral y, claramente, es un impuestazo al sector privado de la economía", señaló Miguel Blanco, titular del Foro de Convergencia Económica. Y avanzó un paso más: "Se le está sacando el dinero a la parte más activa o dinámica de la economía para financiar gasto improductivo como es el del sector público".
Respecto de los cambios en las retenciones, Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar y Fate, consideró que "en la industria, no hay precisiones", pero aclaró que "hay sectores que no lo soportan, para nosotros un incremento de retenciones es 'asesino' (sic)". Señaló también que no quiere "condenar una política de un gobierno que recién lleva unos días", pero dejó en claro que "no se puede exportar impuestos, habrá que ver si éste es el mejor camino".
Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, que lidera junto al resto de las organizaciones del campo la oposición al alza de retenciones, consideró que "el sector privado en Argentina, tanto del agro como de otros sectores, no resisten ni toleran más presión impositiva".
Pelegrina, afirmó en relación a las retenciones que "una suba adicional de tres puntos sería realmente devastadora para la producción".
Por su parte, consultado sobre el impacto del gravamen del 30% sobre la compra de divisas, Blanco estimó que "muchas actividades se empiezan a regir por el tipo de cambio paralelo, no el oficial que está muy controlado".
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Alberto Fernández
