La Audiencia Nacional española rechazó hoy
extraditar a su país a la ex presidenta argentina María Estela
Martínez, conocida como Isabelita Perón, al considerar que los
delitos por los que era reclamada no son de lesa humanidad y, por
tanto, han prescrito.
La Justicia argentina la acusa en relación con crímenes cometidos
por la Alianza Anticomunista Argentina, "Triple A", durante su
mandato, en concreto la desaparición de al menos diez personas, y de
la detención ilegal y torturas de dos jóvenes, uno de ellos
desaparecido.
La decisión de rechazar la extradición fue adoptada por la
sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el
tribunal español que juzga los delitos de especial relevancia.
En dos autos, el tribunal que preside Fernando García Nicolás,
argumenta que no se han aportado pruebas de que tuviera una
participación concreta en alguna de las acciones delictivas que se
atribuyen a la "Triple A", que operó durante su presidencia.
El único hecho que "con alguna concreción" se adjunta en la
documentación que aporta la Justicia argentina para solicitar su
extradición es una reunión celebrada el 8 de agosto de 1974 en la
residencia oficial, que ella presidió, y en la que se proyectaron
unas diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por
supuestas actividades subversivas.
El que Isabelita Perón presidiera esta reunión "no es suficiente
para establecer una relación causal" a efectos penales entre los que
vieron las diapositivas y quienes decidieron estos asesinatos,
señala la resolución judicial.
En el caso de que la cooperación que se atribuye a la ex
presidenta con la "Triple A" fuera constitutiva de algún delito,
"desde luego" no sería de lesa humanidad sino "todo lo más" de
asociación ilícita, que, según señala, estaría penado con 12 años de
cárcel, un delito que prescribe a los diez años.
Además el auto pone de relieve que el juez argentino que reclama
la extradición no imputó a Isabelita Perón los crímenes perpetrados
por la "Triple A", de forma que es él mismo quien la "está
excluyendo" de ese eventual acuerdo para asesinar a presuntos
subversivos que pudiera haberse adoptado en la cita que tuvo lugar
en la residencia presidencial.
La misma argumentación aplica la Sala para denegar la demanda de
extradición de la ex presidenta por el secuestro de los jóvenes
Héctor Aldo Fagetti, desaparecido en febrero de 1976, y Jorge
Valentín Betón, un menor detenido y torturado en las mismas fechas.
El tribunal considera que "no se desprenden los elementos
generales" para calificar los delitos de lesa humanidad, ya que "no
existe un vínculo concreto" entre Isabelita Perón y las detenciones
ilegales, ni tampoco hay un "ataque sistematizado contra la
población civil, conocido y consentido por la más alta autoridad de
la nación", que ésta ejercía entonces.
En la resolución se detalla que el informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas aportado para pedir que
sea juzgada en Argentina -se denuncian cerca de 600 secuestros-
sirve para acreditar "un número indeterminado" de desapariciones,
pero "en ningún caso determinan" su relación con esas acciones.
Al no considerar estos delitos de lesa humanidad y calificarlos
el juez argentino de detención ilegal y torturas, la Sala señala que
éstos prescriben a los veinte años.
La Audiencia Nacional celebró el pasado 14 de abril una vista
para estudiar la extradición en la que la ex presidenta argentina
alegó que no podía ser juzgada en su país porque es una ciudadana
española y además su estado de salud es precario.
Isabelita Perón asumió el poder el 29 de junio de 1974, dos días
antes de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, que había ganado
las elecciones presidenciales de 1973, y fue derrocada por un golpe
de Estado el 24 de marzo de 1976.
La ex presidenta permanece en libertad provisional desde el 12 de
enero de 2007 cuando fue detenida en su casa de Madrid, donde reside
desde 1981, en virtud de la primera solicitud de extradición que
cursó Argentina por su relación con la detención ilegal y torturas
de los dos jóvenes mencionados.
El 25 de enero de 2007 se le comunicó la segunda orden de
detención librada contra ella en su país, en este caso por su
presunta responsabilidad en los crímenes de la "Triple A" en la
década de los 70.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
