En un plazo de siete días está prevista la audiencia de confirmación del plan de reorganización de Latam Airlines con el Juez James L. Garrity, el último hito antes de sellar su paso por el Capítulo 11 bajo el Tribunal de Quiebras de EEUU.
El martes 17 de mayo, la aerolínea y el 65% de los acreedores que respaldaron la fórmula de la empresa, acudirán a la Corte para pedir la aprobación final, que consiste en la evaluación de la ejecución de la fórmula.
“Una vez terminada la protección financiera del Capítulo 11, los bonistas locales pueden pedir que no se aplique el acuerdo alcanzado en EEUU”.
Si bien el porcentaje de acreencias que están a favor de Latam Airlines podría subir ya que hoy vence el plazo de los titulares de reclamaciones, eso no impide que la aerolínea enfrentará a objetores de su esquema de salvataje, tanto internacionales como nacionales. Según el registro en la corte, hay cuatro grupos de opositores del plan: los tenedores de bono locales representados por el BancoEstado; el Grupo de acreedores Ad Hoc de acreedores sin garantía; el departamento de fideicomiso (o United States Trustee); y el fondo de inversión Columbus Hill, que presentaron sus argumentos en contra de esa operación en Latam.
En el caso de los bonistas chilenos, luego del fracaso de la negociación con la empresa aérea pueden activar la última carta que tienen en EEUU: volver hablar con el juez y convencerlo de que el plan de reorganización es perjudicial e injusto en el pago de sus acreencias por US$ 500 millones, dado que sólo les permite restituir entre el 16% y el 19% de los montos otorgados.
Si agotan esta alternativa, el siguiente paso al que pueden recurrir para impedir la aplicación del plan de reorganización es acudir a los juzgados locales y solicitar la anulación del acuerdo.
Acuerdo en Chile
Entre el presente mes y junio, Garrity debe programar una nueva audiencia para dar a conocer su decisión sobre la confirmación del plan de reorganización.Dependiendo del fallo, se hace efectiva la fecha de salida del Capítulo 11 y, si éste es a favor, se procede al llamado a junta de accionistas para aprobar la nuestra estructura de capital, se abre la inscripción de las acciones y bonos convertibles en la Comisión para el Mercado Financiero para continuar con la ejecución formulada por la aerolínea.
En paralelo, Latam debe inscribir el acuerdo de la Corte estadounidense en el 2º Juzgado Civil de Santiago, en el mismo archivo donde abrió el procedimiento de “Insolvencia Transfronteriza” y Chile reconoció la reorganización en EEUU. Allí, nuevamente el tribunal local hace una revisión para aprobar las medidas adoptadas bajo el Capítulo 11.
Es en este paso que los tenedores locales podrán recurrir a la anulación de la inscripción del acuerdo, amparándose en la premisa que el plan vulnera el derecho chileno de restitución equitativa de las acreencias entre las partes involucradas. ¿El problema? A diferencia de EEUU en que se permite un pago distinto entre los adeudados, en nuestro territorio la situación es al revés, salvo que se llegue acuerdo con esta contraparte.
“Una vez terminada la protección financiera del Capítulo 11, los bonistas locales pueden pedir que no se aplique el acuerdo alcanzado en EEUU. El caso es complicado, porque una cosa es reconocer el procedimiento fuera del país y otra el acuerdo alcanzado entre los acreedores y la compañía. Eso será un segundo tema por verse, donde se determinará si el acuerdo es contrario a las normas del orden público o no”, explicó una fuente que conoce el caso.
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