Un rechazo rotundo por parte de los accionistas institucionales recibió el viernes Julio Ponce, en el marco de las votaciones de los aumentos de capital de Norte Grande y Oro Blanco. Y a pesar de que fueron aprobados por los votos del controlador, el escenario que se abre en los próximos meses es complejo.
Durante las votaciones, los accionistas minoritarios rechazaron las operaciones de las sociedades debido a que, a la luz de la investigación en curso, se ha revelado una serie de operaciones, las que podrían tener un efecto importante sobre los resultados y el patrimonio de las sociedades para los años 2009, 2010 y 2011. Esto, dependiendo de la decisión que tome la SVS.
El representante de Moneda, Vicente Bertrand, señaló que la Superintendencia ha procedido a objetar de manera formal operaciones que “evidentemente afectan los estados financieros de las sociedades cascadas lo que significa, que los balances y estados de resultados de las Sociedades Cascadas están sujetos a sufrir severas modificaciones”.
Mediante un comunicado, AFP Capital argumentó su negativa al aumento de capital señalando, entre otras cosas, que “los estados financieros de la sociedad se encuentran cuestionados, sin que, a la fecha, ello se haya resuelto suficientemente”.
Lo que dice la ley
Los cargos, si eventualmente se transforman en sanción, serán respecto de actuaciones personales de los directores o gerentes, explican abogados de la plaza. Si éstas derivan daños, los afectados tienen acciones civiles para resarcir estos efectos. Por esto, fuentes de la industria enfatizan que este título no contempla la anulación de la operación que origina la sanción al afectado.
El título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, indica en el artículo 147, número 7 que sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a este artículo “no afectará la validez de la operación, pero otorgará a la sociedad o los accionistas el derecho de demandar, de la persona relacionada infractora, el reembolso en beneficio de la sociedad de una suma equivalente a los beneficios que la operación hubiera reportado a la contraparte relacionada, además de la indemnización de los daños correspondientes”.
Y en caso que la Superintendencia determine que las transacciones no se realizaron a valor de mercado, el regulador tiene facultades para pedir que se corrijan los estados financieros.
Esta facultad contenida en el artículo 4to del Decreto de Ley 3.538 que crea la Superintedencia de Valores y Seguros. La SVS “especialmente, podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentran asentadas determinadas partidas de la contabilidad, cuando establezca que dicho valor no corresponda al real, pudiendo además, ordenar la reversión de los estados financieros hasta por los últimos 4 años, en la forma que ella determine”, dice la Ley.
Flujo negativo y dilución
A ello, se suma que las AFP y Moneda rechazaron el aumento de capital, esto en un escenario en el que existen investigaciones penales y administrativas. Por ello, la opción de no suscribir su porción del aumento de capital, llevándolas a diluirse, se ha incrementado.
Con todo, algunos de los bancos acreedores de Julio Ponce indican que, de no ser concretado el aumento de capital, las sociedades pertenecientes a la cadena de control de SQM cuentan con recursos para cumplir con sus compromisos.
De hecho, ese fue uno de los argumentos que tanto Monerda como las AFP usaron para justificar su rechazo al aumento de capital.
El aumento de capital de Oro Blanco por US$ 120 millones fue propuesto para prepagar el bono por US$ 100 millones emitido en 2007. Sin embargo, Pampa Calichera tiene en caja más de US$ 200 millones producto de venta de acciones SQM-B entre abril y agosto.
A ello, agregaron los minoritarios, se suma la posibilidad de vender más acciones de SQM, o de Pampa Calichera a fin de hacer frente a vencimientos. La fecha de pago del bono de Oro Blanco está fijada para agosto de 2014.
En medio de ese escenario, Oro Blanco y Norte Grande registran a junio flujos de caja negativo, por US$ 6,2 millones, y US$ 10,9 millones, respectivamente. De hecho, ambas sociedades están pagando más intereses de los dividendos que reciben.
Acciones mixtas tras juntas
Reacciones mixtas fueron las que se vieron en el mercado el pasado viernes respecto de las acciones de SQM y las de las sociedades cascada, luego de que se llevaran a acabo las juntas de accionistas de Oro Blanco y Norte Grande, en el marco de la polémica causada por los cargos interpuestos por el regulador a Julio Ponce y sus ejecutivos más cercanos.
Así, luego de que se aprobaran los aumentos de capital por US$ 120 millones para Oro Blanco y de US$ 92 millones en el caso de Norte Grande, para los cuales fueron convocadas las juntas, los papeles de estas sociedades fueron los protagonistas de la jornada del viernes en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La más transada de las dos acciones fue la de Oro Blanco, con $60.297.278, y se ubicó en terreno negativo liderando las bajas del día con una caída de 9,26% y cerrando la jornada en $2.450 por papel.
Por el contrario, la acción de Norte Grande fue una de las que se empinó el viernes, alcanzando un alza de 6,97%, y cerrando a un precio de $2.150 el papel, en una jornada en que se transaron $ 49.741.605 del papel.
Asimismo, las acciones de SQM también se vieron afectadas por lo ocurrido la jornada del viernes.
Así, SQM B cayó un 0,95% y cerró a un precio de $13.874, en un día en que se transaron $2.832,7 millones en estos papeles.
SVS concedió prórroga a Julio Ponce para la presentación de sus descargos
El pasado jueves 10 de octubre se vencía el plazo original para que Julio Ponce hiciera sus descargos por la acusación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en su contra, por las operaciones que se habrían llevado a cabo con los títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM, en el marco del Caso Cascada.
Sin embargo, el empresario cuenta con diez días hábiles más para que su defensa prepare la respuesta al regulador, luego de que éste mismo le concediera al empresario la prorroga que su equipo de abogados, liderado por Raimundo Labarca, de Vergara & Labarca, habían solicitado, según informaron fuentes cercanas al caso.
De este modo, todos aquellos a los que la SVS interpuso cargos por este caso habrían recibido el beneficio de extender el tiempo para que su defensa entregue sus respuestas. Ya que así como fue solicitado por Ponce, también lo hicieron previamente Aldo Motta, Roberto Guzmán y Patricio Contesse Fica, a quienes el regulador también cedió la opción, en forma previa.
La noticia es positiva para los implicados, ya que da un rango mayor de acción para preparar la defensa, la cual se basa en la tesis de que las suposiciones de la autoridad no tienen fundamentos.
La defensa
Luego de que el 10 de septiembre la SVS formulara cargos en su contra, tanto Julio Ponce, como los otros tres ejecutivos implicados se han asesorado con importantes equipos de abogados para enfrentar el caso.
Julio Ponce, además de contar con Raimundo Labarca, a la cabeza de su defensa, ésta también se encuentra integrada por Jorge Bofill, además de analistas y economistas que están revisando la serie de operaciones a través de las cuales el regulador pretende configurar un comportamiento que, según los cargos que levantó, atentan contra el interés social de las cascadas.
Por su parte, en el caso de Roberto Guzmán, éste está siendo representado por el estudio Albagli, Zaliasnik & Cía. abogados.
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