Gobierno brasileño promete paquete de medidas anticorrupción

El gobierno brasileño está utilizando la misma estrategia adoptada tras las manifestaciones de junio de 2013 para responder a las protestas del domingo, que reunieron a más de un millón de brasileños para reclamar contra la presidenta Dilma Ruosseff, la corrupción y la crisis económica.

Impulsados por Dilma, los ministros de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, José Eduardo Cardozo y Miguel Rossetto, respectivamente, apuntaron a una reforma política como la vacuna anticorrupción y, sin admitir errores en política económica, dijeron que los asistentes a las protestas eran en su mayoría personas que no votaron por Dilma y opositores.

Rossetto afirmó, sin embargo, que el gobierno está atento a las críticas, y destacó la "confianza" puesta en que la Corte Suprema juzgue a los acusados de corrupción, en alusión al esquema de desviaciones millonarias al interior de la estatal Petrobras.

Cardozo, por su parte, señaló que gobierno está "abierto al diálogo" y elogió la madurez de la democracia brasileña. "Es un gobierno que reconoce la divergencia, permite la existencia de opiniones contrarias y está lejos de alternativas golpistas", dijo. "El país garantiza la libertad de expresión, está atento a la voz de la calle, no hay democracia sin tolerancia de opiniones divergentes", subrayó.

En este sentido, ambos elogiaron el carácter democrático y pacífico de las protestas. Al ser consultado sobre las promesas de Rousseff sobre la creación de mecanismos de lucha contra la corrupción, Cardozo dijo que los proyectos se enviarán al Congreso "en los próximos días."

Entre las propuestas de la presidenta está la expropiación del patrimonio de las personas condenadas por corrupción y la transformación en delito del llamado "caixa dois de campanha", por el cual los partidos y políticos reciben fondos por fuera del sistema legal de las donaciones políticas.

Rousseff siguió el domingo la evolución de las protestas en todo el país desde el Palacio de La Alvorada, la residencia oficial de la presidenta en Brasilia.