Justicia argentina ordenan arresto de poderoso y polémico ex ministro kirchnerista

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la detención del ex ministro de Planificación durante el gobierno kirchnerista, Julio De Vido, por la denominada 'Causa Río Turbio', previo proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.

En voto dividido, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dispusieron el arresto de De Vido, actual diputado por Buenos Aires, debido al peligro que su permanencia en libertad significa para la investigación, que se encuentra en un estado "incipiente".

En la causa se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de 265 millones de pesos argentinos.

Ello habría ocurrido, según la imputación, mediante una "triangulación contractual" entre "YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, con la actuación además, de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos".

Hace poco más de un mes, el juez federal de primera instancia Luis Rodríguez dispuso la indagatoria de De Vido y otros 36 imputados, entre ellos Roberto Baratta, uno de los principales colaboradores del ex ministro, pero rehusó ordenar las detenciones que le había pedido el fiscal Carlos Stornelli.

Ahora, la Cámara corrigió esa decisión, dispuso la detención, pero previamente le ordenó al juez Rodríguez que instara a la Cámara baja a llevar adelante el proceso de desafuero que protege a los diputados contra órdenes de detención.

Los jueces coincidieron en que existieron cuanto menos maniobras dilatorias en la investigación, que fueron evaluadas incluso por el juez Rodríguez al implantar el secreto de sumario o para 'lograr el éxito' de allanamientos y al ordenar "la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial, con la remoción de sus actuales autoridades, de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz".