DF Pensiones | Reforma al sistema de pensiones no sirve para superar la actual crisis del sistema

Andras Uthoff

Durante 1981 y la promesa de generar tasas de reemplazo de 70 % el gobierno militar comprometió a todos los chilenos con el elevado costo fiscal de transitar hacia un sistema de capitalización individual. Transformo un derecho previsional vinculado al trabajo en otro basado en la exclusiva capacidad de ahorro del trabajador.

Entre 1981 y 2008 la realidad laboral, financiera y demográfica se impuso al dogmatismo. Diez por ciento del ingreso laboral imponible de cada trabajador destinado al ahorro resulto una falacia para reponer el 70 % de ese ingreso. No se dio la necesaria y bien remunerada estabilidad laboral. La rentabilidad de las inversiones financieras convergió a niveles internacionales cercana al 5 por ciento. Y, las personas sobrevivieron cada vez un número mayor de anos después de cumplir la edad legal de jubilación. Todo ello limito las bondades de la capitalización en cuentas individuales, como el mecanismo exclusivo para promover el acceso universal a pensiones dignas.

El primer gobierno de Michelle Bachelet se hizo cargo de una parte del problema creando el pilar solidario con cargo a impuestos generales. La Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario focalizados en adultos mayores con ninguna o baja pensión autofinanciada y pertenecientes al 60 % de las familias más pobres contribuyo levemente al alivio de la pobreza en la vejez.

Con su actual estructura, el pilar contributivo sirve a aquellos pocos con altos salarios y frecuencia de ahorro. El pilar solidario es asistencial, y atiende necesidades mínimas de los adultos mayores en pobreza. Aun con esos subsidios, el sistema deja al 44 por ciento de sus beneficiarios con pensiones bajo la línea de pobreza y 79 % bajo el salario mínimo. La ilegitimidad del sistema, su desvinculación con las diferentes formas de trabajo en Chile, la insuficiente solidaridad en el financiamiento, conforman los otros elementos de la crisis del sistema.

El gobierno erra al querer superar esta crisis con la actual lógica del sistema. Confía en el uso de bonos como incentivos para que el trabajador supere factores que son estructurales y que limitan su capacidad de ahorro y condicionan su edad de retiro. Asume que todo trabajador tiene un empleador que contribuirá a su pensión. Confía en que la mayor competencia mejorara la rentabilidad de los fondos de pensiones. Aumenta los beneficios del pilar solidario discriminando en favor de quienes sobreviven a las edades mayores.

El sistema seguirá reñido con los principios de la seguridad social. Una limitada lógica de derechos. Discriminando beneficiarios en pobreza, y excluyendo a los inválidos Omitiendo importantes categorías de trabajadores, Generando un riesgo fiscal de largo plazo al sustituir el financiamiento fiscal por el uso de las cuentas individuales. Incentivando la administración de fondos en las AFP, donde ni los trabajadores ni el Estado tienen injerencia. Carente de solidaridad en el financiamiento al utilizar el aporte de los empleadores exclusivamente en la lógica de contratos individuales actuarialmente equivalentes.