Solidaridad: ¿un eslogan para toda política pública?

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la necesidad de hacer más “solidario” el sistema de pensiones. Ante situaciones de catástrofes naturales, dolores humanos, pobreza, abandono, o déficits en el sistema de seguridad social constantemente se apela a la “solidaridad”. Pero la solidaridad es mucho más que un sentimiento y no puede convertirse en un eslogan para avalar todo tipo de políticas públicas. La solidaridad es ante todo una virtud y un principio de orden social.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), en la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (1987), nos recuerda que la solidaridad “es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”. De esta forma, la DSI pone de manifiesto que los seres humanos vivimos en sociedad, en una natural relación de interdependencia en la que las demás personas pueden contar con uno y, a su vez, uno puede contar con los demás.

No somos seres aislados, nacemos, crecemos y moriremos en sociedad, vivimos en una constante dependencia recíproca los unos con los otros. Los demás tienen derecho a esperar algo de mí, el desarrollo y el aporte de mis talentos, y yo también tengo derecho a esperar algo de los demás, su propia contribución a la sociedad y al bien común. La raíz de la solidaridad está en ese aporte a los otros, en el que todos trabajamos y entregamos nuestros talentos recíprocamente para el bien de los demás, porque cada uno goza de dignidad y derechos, pero también compartimos deberes y responsabilidades, “todos somos responsables de todos”, esta es la esencia de la solidaridad.

Un primer acto de solidaridad es tratar de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y esforzarnos por no ser una carga para los demás, en aquellas materias que uno mismo puede resolver y en aquellas situaciones en que por sí solo se puede salir adelante. Quienes estén impedidos de hacerlo deben contar con la ayuda subsidiaria de la sociedad civil y, si ésta no puede ejercerla, con la ayuda subsidiaria del Estado.

Todo esto nos desafía a repensar la forma de ver la solidaridad, de manera de no teñirla de colores políticos ni ideológicos. Sin embargo, en la actualidad a veces se tiende a añadir el término solidaridad a cualquier política pública, olvidando que ella opera en conjunto con otros principios de orden social, como los de subsidiariedad, participación, dignidad de la persona humana y bien común. Esta omisión no es trivial, porque si no se entiende claramente el concepto de solidaridad, se corre el riesgo de entregar un aparente salvoconducto de legitimidad a ciertas medidas y propuestas públicas que no necesariamente se encuentran bien fundamentadas ni encaminadas a un bien común verdadero y sostenible, y que en el mediano y largo plazo nos pasarán la cuenta.

Desde esta óptica, sincerar la discusión en torno al tema previsional es, por decir lo menos, deseable. Algunos señalan que estos y otros temas sólo pueden ser resueltos con una mayor acción estatal. Pero no debemos olvidar que muchas necesidades sociales pueden ser satisfechas, en gran medida, por la acción de la propia sociedad civil y por la aceptación y desenvolvimiento de la responsabilidad personal. Es coherente con la enseñanza de la DSI sostener que el Estado debe promover la vitalidad de la sociedad civil y ejercer un rol subsidiario y no sustitutivo de las iniciativas y responsabilidades privadas.

En este debate debemos tener presente que una auténtica solidaridad es aquella que se construye y ejecuta con subsidiariedad, haciéndonos responsables del otro, pero no sustituyendo sus capacidades ni anulando sus talentos, sino que ayudándolo en la medida en que él no pueda hacerlo por sí mismo, respetando así su propia dignidad y su derecho a ser responsable de su vida. Así se puede contribuir realmente, en forma responsable y duradera, al bien común.