La discusión acerca del aborto ya está instalada en nuestro país. Sin embargo, por ahora el gobierno no ha hecho más que avisar que el tema se viene. De hecho, cuando se ha intentado profundizar con la ministra de Salud, Helia Molina, sobre cuáles serán los mecanismos que se van a utilizar para dar pie a esta ley no sólo nos hemos encontrado con desinformación, sino que una abierta irresponsabilidad en el tratamiento de un asunto tan delicado como el derecho a la vida, dando a entender que ella misma no tiene claro el asunto y menos las consecuencias que traería.
A pesar de esto, hemos visto un debate público distinto al que habíamos tenido en años anteriores, donde la discusión sobre el aborto se ha planteado como un asunto de salud pública. Sin embargo, se ha demostrado lo contrario: el aborto no es un problema de salud pública, tanto por la escasa cantidad de abortos clandestinos que existen en el país como lo ha demostrado el epidemiólogo Elard Koch, como por los índices de mortalidad materna, que son unos de los más bajos del mundo. Por eso es que el gobierno, a través de la titular del Sernam, Claudia Pascual, ha presentado este debate desde la óptica de los llamados “derechos sexuales y reproductivos de la mujer”, debate distinto y que no apunta precisamente a solucionar casos puntuales y dramáticos, sino a abrir la puerta para el aborto puro y simple.
En Chile tenemos un sistema público que presta muy poca atención a casos en los que se presenta un embarazo vulnerable, cualquiera sea la razón que los origine. Muestra clara de esta realidad son los esfuerzos que ha hecho sociedad civil organizada, mayoritariamente mediante el trabajo de agrupaciones pro-vida, quienes han salido al camino y a la ayuda de esas madres que están viviendo un proceso complejo en sus vidas, por causas que, como muestran los estudios y las encuestas de opinión pública, son muchas veces ajenas a su voluntad.
Esfuerzos destacados son los de la Fundación Chile Unido, Anónimos por la Vida y muchas otras organizaciones que han entregado apoyo integral y acompañamiento efectivo a las mujeres que están embarazadas y piensan en abortar, logrando que la gran mayoría decida llevar el embarazo adelante, pese a las dificultades.
Ahora bien, no basta sólo con el esfuerzo de las agrupaciones pro-vida. Es necesario un compromiso estatal, un compromiso por las mujeres que se traduzca en políticas públicas de apoyo para las madres que pasan por un embarazo difícil. Si realmente queremos construir una sociedad que pone en el centro de sus preocupaciones a los más débiles, en este caso los no-natos y las mujeres que necesitan ayuda, el gobierno debe ser un soporte de contención y apoyo a la maternidad. De esta manera, se será consecuente con un sí a la vida en toda situación.
Lamentablemente, hoy el único “apoyo” que hemos encontrado de parte del Estado es el aborto, que en la realidad más profunda de las mujeres de Chile, jamás es una opción de igual estatura frente a la vida del que está por nacer.
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