Es la doctrina que defiende la independencia del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Suele entenderse mal, como si el Estado fuera indiferente a los credos religiosos o se sintiera amenazado por los ministros y cultores de la Fe. Indiferente no es ni puede serlo, desde el momento en que una porción mayoritaria de sus habitantes profesa una religión y hace de ella el eje, mentor y motor de su vida ciudadana. Ni puede sentirse amenazado, ya que un denominador común de las grandes religiones es su exigente promoción de las virtudes personales y cívicas.
Al Estado no le hace bien que los clérigos tengan potestad de dirigir el país con normas coactivas intimadas a creyentes y no creyentes por divina revelación. Lo que compete y favorece al Estado es tutelar jurídicamente el libre ejercicio de los credos religiosos, de manera que nadie sea impedido de profesar, en público y en privado, el credo de su elección, ni forzado a creer y practicar un culto que su conciencia no abraza ni eligió. En ambos casos la libertad religiosa debe ceñirse, como cualquier otra, a los justos límites del orden, seguridad y salubridad públicos y al respeto de inviolables derechos de terceros. Sólo tiranos, como el antiguo Faraón en tiempos de Moisés, o los dos Herodes en tiempos de Cristo pueden recelar y temer de la libre expresión de la Fe; condenando a muerte a quienes la profesan y predican.
En esa perspectiva se valora mejor el aporte que varios credos religiosos prestaron a las deliberaciones pre-legislativas sobre aborto, en el seno de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sus intervenciones brillaron por su alto nivel argumental y expositivo. Fueron, en general, impostadas en una sabia sinergia de Razón y Fe: las dos alas por las cuales el hombre remonta vuelo hacia la Verdad. Lejos de trasuntar un fanatismo ciego y dogmático, mostraron actualizado dominio de la ciencia y el derecho y supieron mostrar su concordancia con las Sagradas Escrituras, Tradición y Magisterio de sus respectivos credos.
Honrando su común calidad de pastores y maestros, los expositores cristianos coincidieron en fijar como presupuesto basal de su credo la dignidad, única y original, de toda persona humana desde su concepción, y la inviolable sacralidad (es decir, indisponibilidad) de la vida, como derecho fundante de todos los demás. Fueron lúcidos, explícitos en develar que, tras la invocación de tres acotadas causales, no puede sino esconderse y atentarse la consagración legal del aborto como libertad y derecho sexual de la mujer.
Cerca del 90% de los habitantes de Chile pertenece, por el Bautismo, a este Evangelio y ética de la indisponibilidad de toda vida humana inocente. Ninguna pretendida "laicidad" del Estado democrático tiene legitimidad para sofocar, con sangre, el clamor de tan aplastante mayoría.
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