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Alto contraste1.529 razones para auditar al Estado
FELIPE ZÚÑIGA P. Académico, exVicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral.
La denominada “Inspección Total” cerró con una cifra difícil de ignorar: 1.529 hallazgos luego de revisar la información de más de 500 servicios públicos correspondiente al período 2022-2026. El proceso analizó más de 913 millones de registros, dio origen a 360 auditorías internas y terminó, entre otras medidas, con recomendaciones de sumarios. La Inspección Total fue, esencialmente, un proceso extraordinario de auditoría interna orientado a detectar riesgos, incumplimientos y debilidades en la gestión. No equivale a auditar los estados financieros del Estado ni permite concluir, por sí sola, si la información financiera con que se toman decisiones públicas representa razonablemente su situación económica y patrimonial.
Esta diferencia no es semántica. A comienzos de este año advertíamos en estas mismas páginas sobre otro dato igualmente preocupante: entre 2020 y 2024, 73 entidades públicas recibieron abstenciones de opinión en las auditorías de sus estados financieros, involucrando recursos por $ 15,9 billones. Una abstención no significa necesariamente que las cifras sean incorrectas; significa que el auditor no pudo obtener evidencia suficiente para concluir si lo eran o no.
Ambos antecedentes parecen distintos, pero apuntan al mismo problema. Podemos discutir cuánto gasta el Estado, cuál debe ser el tamaño del déficit o cómo financiar nuevas políticas públicas. Pero existe una pregunta anterior: ¿qué tan confiable, trazable y verificable es la información financiera sobre la cual construimos esas discusiones?
“Un Estado moderno necesita estados financieros oportunos y sometidos regularmente a auditoría independiente. Finalmente, es el dinero de todos”.
En el sector privado la respuesta parece obvia. Nadie imaginaría una gran empresa administrando miles de millones sin estados financieros auditados, controles internos robustos y una opinión independiente sobre la razonabilidad de sus cifras. Al Estado, que administra recursos que pertenecen a todos, deberíamos exigirle al menos el mismo estándar.
No sería una extravagancia chilena. Estados Unidos somete anualmente a auditoría los estados financieros consolidados de su Gobierno Federal desde 1997. En el Reino Unido, las Whole of Government Accounts consolidan la información financiera de más de 10 mil organismos públicos y son auditadas independientemente por la National Audit Office, aunque ni siquiera ese modelo maduro está exento de tensiones recientes.
Chile ha avanzado en normas contables para el sector público, en transparencia y en la preparación de información financiera. Sin embargo, seguimos teniendo una estructura fragmentada en materia de aseguramiento. La OCDE ya advertía hace más de una década la necesidad de fortalecer en Chile la auditoría financiera sobre la confiabilidad de los estados financieros del sector público. La Inspección Total vuelve a demostrar que disponer de información, cruzarla y someterla a escrutinio genera valor. El siguiente paso es transformar esa lógica extraordinaria en una institución permanente.
Un Estado moderno necesita estados financieros oportunos y sometidos regularmente a auditoría independiente. Finalmente, es el dinero de todos. Después de 1.529 hallazgos, quizás la discusión no debería terminar en quién fue responsable de cada uno. También deberíamos preguntarnos por qué todavía necesitamos operativos extraordinarios para conocer, con suficiente certeza, qué ocurre financieramente dentro del Estado.
