Arbitraje para resolver controversias con el Estado: la buena noticia que debería ser la regla
GERARDO OVALLE Y ANÍBAL VIAL Socios en Yrarrázaval abogados
Chile tiene una larga y sólida tradición arbitral. Nuestro ordenamiento reconoce desde antiguo el arbitraje como una vía eficiente para resolver conflictos entre privados. Miles de empresas recurren a él con confianza en disputas comerciales, societarias y de construcción.
Sin embargo, cuando la contraparte es el Estado, esa tradición se detiene: a diferencia de otras jurisdicciones del mundo, que admiten con normalidad el arbitraje en sus contratos públicos, en Chile su uso con órganos estatales es excepcional y está fuertemente restringido.
Por eso es una buena noticia que la reciente Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (más conocida como “la megareforma”) incorpore un mecanismo escalonado de resolución de controversias derivadas de los contratos de inversión que el Estado celebre con inversionistas extranjeros: primero la mediación, mecanismo que últimamente ha penetrado fuertemente en Chile, y luego el arbitraje para aquello en que no sea posible alcanzar un acuerdo.
“El desafío ahora es doble. Primero, que el reglamento que el Ministerio de Hacienda debe dictar dentro de seis meses fije adecuadamente las condiciones mínimas que deberá tener la cláusula de arbitraje de los contratos de inversión. Segundo, atreverse a ir más lejos”.
El arbitraje es una señal potente para la inversión. Ofrece un foro especializado, imparcial y previsible, en el que el inversionista y el Estado concurren en igualdad de condiciones.
El desafío ahora es doble. Primero, que el reglamento que el Ministerio de Hacienda debe dictar dentro de seis meses fije adecuadamente las condiciones mínimas que deberá tener la cláusula de arbitraje de los contratos de inversión, resguardando rigurosamente la imparcialidad de los árbitros. Segundo, atreverse a ir más lejos. Si este modelo se extendiera a las adquisiciones del Estado (y en especial a las obras de infraestructura pública, más allá de las obras concesionadas por el Ministerio de Obras Públicas), los beneficios serían evidentes.
Hoy, muchas licitaciones públicas reciben pocos oferentes, y quienes se presentan traspasan al precio el riesgo de tener que litigar con el Estado ante la justicia ordinaria, en procesos largos e inciertos. Un arbitraje confiable e imparcial reduciría esa prima de riesgo, atraería más competidores y permitiría al Estado contratar mejor y a menor costo.
La megareforma abre una puerta que en Chile estaba bastante cerrada.