Carta de Derechos Digitales, ¿o neocolonialismo digital?

JORGE FERNANDO NEGRETE P.

Democracia. “Estamos ante una institución reconocida con el mismo nombre en muchos países, pero regulada, entendida y estudiada de manera distinta en todos ellos”: Robert Dahl.
Lo mismo pasa con la carta de derechos digitales. ¿Quién puede estar en contra de este documento, presentado y aprobado durante la reciente Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Santo Domingo? Nadie.

Pero, sí podemos preguntarnos: ¿en el mundo de los derechos fundamentales, estamos todos de acuerdo en cuáles son en la esfera digital de América Latina? No. ¿Qué se piensa de los derechos fundamentales en el mundo digital de cada país? ¿Aborda la agenda de derechos humanos en la región o sólo la perspectiva europea? ¿Cuál es el impacto de esta carta en los modelos de negocio que ya generan bienestar en América Latina?

“La carta española, aprobada para Iberoamérica, privilegia la privacidad y las batallas que Europa libra contra EEUU y China. La mala interpretación de este documento puede generar una escalada de populismo regulatorio e importar la agenda política y económica europea a América Latina”.

Señala la Secretaría General Iberoamericana: “la Carta Iberoamericana… se convierte en un referente para guiar la actualización de las normativas nacionales… centrada en las personas y se protegen los derechos humanos en el entorno digital. Asimismo… fomenta entornos digitales que garantizan la privacidad, combate la desinformación y promueve la libre elección de servicios y contenidos digitales”.

La Carta de Derechos Digitales supone el reconocimiento del derecho fundamental de acceso a Internet y su tutela en el entorno digital, sin menoscabo, daño o conculcación del bienestar digital. Este derecho habilita todos los derechos fundamentales en su conjunto, que son indivisibles e interdependientes. Ninguno con prioridad ante el otro.

Pero la carta española, aprobada para Iberoamérica, privilegia la privacidad y las batallas que libra contra Estados Unidos y China. Una carta de derechos debe estar ajena a agendas políticas regionales, geopolítica y armonizar profundamente conceptos jurídicos, para no destruir el efecto protector y garante de los derechos fundamentales en el entorno digital.

Un ejemplo. Mientras en España se habla de precarización del trabajo en las plataformas digitales, y ha desbaratado el concepto de plataforma de movilidad, en América Latina estas mismas empresas de Internet han generado la mayor cantidad de empleo en el menor tiempo posible que se tenga memoria. Allá nadie da su WhatsApp, pero en América Latina albañiles, carpinteros, taxistas y obreros dan de inmediato su número en esa plataforma. La privacidad en Europa la protege de EEUU, regula el flujo transfronterizo de datos y crea su propia red de Data Centers. En América Latina se crean Hubs digitales como Chile, México y Brasil, de la mano de Estados Unidos. El constitucionalismo digital privilegia el bienestar digital, no su destrucción.

La mala interpretación de este documento puede generar una escalada de populismo regulatorio e importar la agenda política y económica de Europa, generando un involuntario “colonialismo digital” europeo en América Latina y una violación sistemática de la primera generación de derechos digitales.