DF Tax | Uso de tecnologías en los impuestos correctivos

Víctor Villalón

Para la inminente discusión fiscal sobre impuestos correctivos, se debe considerar que la carga tributaria efectiva de los impuestos en Chile se encuentra en torno al 20% del PIB, por debajo de países como Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay y lejos del 33,5% promedio, que muestran los países de la OECD, ello a pesar de las sucesivas reformas tributarias.

Si bien uno de los focos de la fallida reforma tributaria era un aumento en la tributación de la renta de las personas, que en Chile llega apenas al 2% del PIB, contrastando con el 8% observado en la referencia OECD, un cambio en el corto plazo no se ve políticamente viable.

“Es aconsejable que en la futura discusión tributaria sobre impuestos correctivos se contemple, desde un principio, y sin afectar el desarrollo de las actividades, el uso de herramientas tecnológicas a la altura de las complejidades operacionales y de medición”.

El oficialismo ha puesto atención sobre los impuestos a los combustibles, las bebidas analcohólicas y alcohólicas, y la contaminación, sin descartar la comida chatarra y los alimentos azucarados. Se espera que estos impuestos permitan mitigar la deseconomía externa que genera la oferta y el consumo de productos, los cuales generan enfermedades, accidentes y diferentes daños sociales y económicos, que lesionan o limitan el bienestar de las personas y distraen el uso de los recursos en otros fines sociales y económicos.

Los estudiosos proponen que la tasa de estos impuestos correctivos se aplique sobre una base imponible, que debería estar determinada por unidades de elementos  o componentes que causan el daño y, en segundo lugar, si además existe un ánimo de recaudación directa, cabría establecer un impuesto al precio, ingreso o beneficios obtenidos. También se espera que no existan exenciones, liberaciones o créditos, lo que actualmente resulta contradictorio, ya que todos los impuestos reguladores vigentes en Chile contienen este tipo de erosiones, a pesar del daño social que les subyace. Aunque resulte contra intuitivo o molesto, diversos estudios muestran que el uso de los impuestos reguladores tiene un mayor efecto estructural que otras medidas en la reducción de las externalidades negativas.

Si bien se espera que este tipo de impuestos recaude un monto que permita cubrir el valor de las externalidades negativas, las cifras en Chile son preocupantes. A contar de datos del gobierno, el consumo de cigarrillos generaría gastos directos e indirectos por $ 3,2 billones, mientras que su recaudación apenas alcanzaría un tercio de esa suma. De manera similar, los productos con alcohol generarían gastos directos por $ 1,5 billones, a lo que se debe sumar los gastos indirectos, lo que contrasta con la recaudación inferior a un billón que muestra el presupuesto público.

Si el propósito es asegurar el bienestar de las personas y no la recaudación tributaria directa, resulta relevante incorporar buenas prácticas, que aseguren el cumplimiento tributario y la recaudación esperada en estos impuestos especiales, considerando que los controles tradicionales de libros y declaraciones no son idóneos por la naturaleza de los componentes o elementos a ser gravados.

Un caso ejemplar es el del impuesto a los cigarrillos, que ha mostrado un desempeño positivo sostenible, siendo el único tributo permanente con incrementos estables desde 2020, cuando se implementó un mecanismo de trazabilidad físico-digital ordenado por la Ley y con la asistencia de empresas especializadas. No se puede decir lo mismo de los demás impuestos reguladores, puesto que las leyes que los establecen en su mayoría son de larga data, cuyos controles fueron concebidos de acuerdo a métodos tradicionales con nula o escasa información que permita evaluar su desempeño de manera sistemática, para lo cual el uso de tecnologías y trazabilidad son el camino.

Es aconsejable que en la futura discusión tributaria sobre impuestos correctivos se contemple, desde un principio, y sin afectar el desarrollo de las actividades, el uso de herramientas tecnológicas a la altura de las complejidades operacionales y de medición que presentan las unidades o componentes consumidos, para asegurar el cumplimiento y proporcionar información relacionada a las externalidades negativas provocadas para la mejora continua de las políticas públicas.