Educación gratuita: reglas claras y orientación vocacional para evitar deserciones

La educación gratuita tiene costos. Estos los paga toda la sociedad en forma directa, a través de los impuestos o indirecta, producto del costo de oportunidad que deberá enfrentar el gobierno para destinar mayores recursos a la educación. No es justa la educación gratuita para todos los sectores sociales y tampoco aporta a la equidad, ya que quienes pueden pagar deberían seguir haciéndolo y los que tienen dificultades tendrían que contar con las instancias necesarias para costear su ingreso al sistema de educación superior.

El crédito con aval del Estado y los distintos mecanismos de becas han permitido, durante los últimos años, que el acceso de estudiantes de menores recursos a la educación superior se haya incrementado considerablemente. Los nuevos beneficiarios del CAE, en 2006, eran 21.263 y, en 2012, alcanzaron a 89.344.

Si asumimos que, debido a las demandas sociales, se establece la gratuidad en la educación ¿qué mecanismos se han estudiado para evitar el comportamiento no deseado por parte de los estudiantes? Entre estos destacan: la deserción, cambios de carrera y otras situaciones que no se pueden predecir. Parece necesario modelar y diseñar sistemas de incentivos al esfuerzo. Igualmente, otros tendientes a evitar comportamientos indeseados no sólo para el Estado, que sería el principal afectado, sino también para los estudiantes. 
Para evitar este tipo de circunstancias, sería oportuno abordar la situación a través de la teoría de contratos, la cual se utiliza, fundamentalmente, para alinear los esfuerzos de un agente respecto de los requerimientos del principal. En este caso, un contrato entre el Estado y los estudiantes permitiría alinear los esfuerzos para que estos últimos aprovechen los recursos destinados para su formación profesional y, al momento de entrar al mercado laboral, generen las externalidades positivas producidas por su mayor preparación.

Con ese fin, creo necesario idear mecanismos que establezcan con claridad incentivos al esfuerzo para obtener el título profesional y desincentivos al desarrollo de conductas que impidan finalizar con éxito su formación en la educación superior. Para ello se deben evaluar situaciones como la deserción y ver qué mecanismos se establecerán para que los estudiantes adopten una decisión racional al momento de abandonar una carrera. También, se deben tomar medidas para que los alumnos cuenten con suficiente orientación vocacional antes de ingresar a una carrera y así evitar su posterior deserción. Si el alumno enfrenta, permanentemente, problemas vocacionales y se cambia sucesivamente de carrera ¿se mantendrá el beneficio de la gratuidad? ¿Un alumno que sea eliminado de la educación superior debido a su rendimiento académico ¿tendrá cero costo? 
Estas interrogantes, hacen pensar sobre la necesidad de desarrollar instrumentos que permitan desincentivar estas conductas. Los test de habilidades, aplicados antes de egresar de la enseñanza media, y los exámenes obligatorios de admisión a las carreras elegidas son importantes para ello.