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Alto contraste
Los países mineros no prosperan solo porque tengan buenos yacimientos. La riqueza geológica es un stock, pero la oportunidad económica es efímera. Un ciclo de precios altos mejora flujos, financiamiento y recaudación, pero premia a quienes llegan con proyectos maduros e instituciones capaces de resolver permisos y controversias en tiempo económico.
Chile ya aprendió esa lección con el litio. En 2017 Australia nos superó como primer productor mundial. En 2025 produjo 92.000 toneladas de litio contenido; Chile, 56.000, pese a conservar una de las mayores reservas del planeta. El ecosistema minero australiano convirtió el ciclo de precios en nueva producción. El nuestro llegó tarde.
El cobre ofrece ahora un incómodo déjà vu. Según Cochilco, el 14 de agosto su precio cerró en un máximo histórico de US$6,59 por libra. Al mismo tiempo, el organismo proyecta que Chile producirá 5,27 millones de toneladas en 2026, menos que los 5,41 millones de 2004. Los yacimientos están envejeciendo y durante años, el sistema de evaluación ambiental y los tribunales actuaron como si la certeza regulatoria y los tiempos de tramitación fueran variables secundarias, sin considerar su impacto en las decisiones de inversión y posterior desarrollo.
“Un ciclo de precios altos mejora flujos, financiamiento y recaudación, pero premia a quienes llegan con proyectos maduros e instituciones capaces de resolver permisos y controversias en tiempo económico”.
Las medidas implementadas por la actual administración han dado un necesario respiro, pero no serán suficientes si la incertidumbre continua como una constante en los tribunales. Collahuasi ingresó su EIA en 2019, obtuvo RCA en 2021 y, en 2026, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó retrotraer la evaluación de un proyecto de US$ 3.200 millones con obras ya en ejecución. La solución yace no solo en mejorar las falencias judiciales, sino que también en dejar de presentar como puramente técnicas decisiones que inevitablemente ponderan impactos, mitigaciones y compensaciones frente a la viabilidad de proyectos que compiten globalmente. Esa ponderación debe realizarse con reglas claras y en tiempo económico, no cuando la inversión ya está ejecutada y la oportunidad comienza a desaparecer.
Tampoco estamos ante una sorpresa. Según la SOFOFA, la fase ante los tribunales ambientales tiene una duración mediana de 14,6 meses, aunque la RCA se mantiene en casi ocho de cada diez sentencias. La CPC agrega que el 56% de los fallos llegan a la Corte Suprema, etapa que suma, en promedio, otros 448 días.
El Banco Central proyecta para 2026 un crecimiento de entre 1% y 1,75%. Las demoras institucionales no explican por si solas las cifras, pero ayudan a comprenderlas. Continuar al mismo ritmo tiene un alto costo en términos de inversión, nuevos empleos y recaudación fiscal. Y este costo no lo paga un ministerio, tribunal o empresa. Lo pagamos todos los chilenos.
