El Sename y el mantra de la modernización del Estado
Rafael Ariztía Socio de MFO Advisors
Finalmente llegó el 2017 y, con ello, un nuevo año de elecciones presidenciales. Elecciones en las que probablemente veremos a los candidatos debatir y tomar posiciones antagónicas. Los de un lado querrán profundizar la agenda de reformas del actual gobierno y los del otro, urgirán por corregirla y poner de nuevo al país en la senda de las reformas consensuadas, bien debatidas e implementadas.
Pero entre todos los temas que dividirán a los candidatos, hay uno en torno al cual creo debiera haber completo consenso: que tenemos un Estado atrasado, bastante obsoleto, capturado y ajeno a las prioridades de las personas, y que requiere urgentes cambios.
La indolencia en torno al caso del Sename es sólo un botón de muestra para esto. Si ni siquiera el drama diario de niños violentados es suficiente para sacudir a la burocracia y al país, ¿qué podría hacerlo? Es difícil pensar en algo más dramático y por eso es también una demostración patente del tamaño del problema que tenemos en frente: un sector público capturado e insensible frente a la ciudadanía. Mi apuesta es que quien logre personificar la esperanza de cambio en esta materia, tendrá una buena bandera de lucha.
Pero no basta con enunciar el problema. A esta altura existe un verdadero mantra de la necesidad de “modernizar el Estado”. Mantra que todos repiten sin salir de ahí. Lo han dicho todos los presidentes y lo repiten los políticos y empresarios. Pero la pregunta es ¿qué tenemos que hacer?, ¿por dónde debiéramos partir?, ¿cuáles debieran ser las prioridades?
Por supuesto que las prioridades son por definición un tema debatible, pero a través del caso Sename me gustaría enumerar dos ámbitos que desde mi perspectiva son prioridades ineludibles.
Primero, el Sename demuestra una evidente falta de control de gestión de las instituciones públicas. No se trata de medición de indicadores, de los que hay muchos, sino que de una ausencia total de gestión de resultados en el Estado. La descentralización institucional es necesaria, pero si no tiene un contrapeso, resulta en una dispersión institucional que termina siendo la nata para la captura funcionaria. El contrapeso natural es el que se logra mediante los recursos, que anualmente se le asignan. Y es aquí donde debiéramos meter manos. En nuestro modelo, y de acuerdo a su cultura, la Dirección de Presupuestos asigna y controla el presupuesto de las instituciones, pero lo hace desde la prehistoria en términos de la información que maneja y que hace pública. En ello cumple un rol fundamental, pero insuficiente. Por ello su modernización me parece una prioridad fundamental.
Lo segundo tiene que ver con la capacidad de organizarse que tienen los gobiernos en nuestro país. Es un hecho que el Sename requiere cirugía mayor. Probablemente a estas alturas lo mejor sería cerrarlo y partir con una nueva estructura más acorde a las necesidades. Entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno no lo hace? La respuesta es simple: no puede porque el tema es materia de ley y requiere discusión y aprobación del Congreso. Y es aquí donde quiero detenerme. ¿Es sensato que tengamos que hacer leyes, con el costo que eso tiene, para cuestiones que no agregan mayores competencias ni recursos? ¿No hay formas más prácticas y efectivas? En otros países los gobiernos pueden reorganizarse por orden ejecutiva, lo que les da la agilidad para adaptarse a problemáticas que evolucionan en el tiempo. Creo que Chile debiera avanzar hacia allá. De lo contrario, solo le damos a los malos gobiernos la excusa perfecta para no hacer su trabajo.
Se nos fue el 2016. Fue el año de las elecciones municipales sin padrón conocido, el año en que el sector público estuvo 15 días hábiles en paro, el año del jubilazo y finalmente, el año en que el Sename dio a conocer algo que no debiéramos olvidar: que el Estado no está formado por ángeles, sino que bajo su cuidado pueden morir niños y nadie enterarse. Por ello, esperemos que este 2017 los candidatos que aspiren a la presidencia se comprometan con poner entre sus prioridades algunas medidas concretas para empezar a reformar el Estado.