El eterno sueño de lo justo

José Miguel Aldunate

“El juraméntico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico”, dice la genial Mazúrquica Modérnica, de Violeta Parra.

Esta verdad aplica a las promesas electorales, pero también a las leyes y las constituciones. De hecho, en América Latina tenemos una tradición de siglos de incumplimiento de las normas. Cuando los funcionarios coloniales recibían órdenes de la Corona Española, podían declarar a viva voz “Se acata, pero no se cumple”, y luego desobedecer tranquilamente. Aunque hayamos dejado de proclamar nuestros desacatos, todavía redactamos normas imposibles de cumplir, acumulando ideal sobre ideal hasta formar un alto cúmulo de perfección normativa, cada día más distante de nuestra triste realidad.

Un ejemplo: la Constitución de 1925 prometió la creación de los tribunales contencioso- administrativos. Luego, la Constitución de 1980 reiteró la promesa. Pero los tribunales contencioso-administrativos nunca se crearon. Al final, la reforma constitucional de 1989 optó por reconocer la realidad y aceptar que nunca se crearían.

Pero mire usted por dónde la nueva Constitución insiste en la vieja idea, y promete, además, crear un tribunal ambiental para cada región, reemplazar los juzgados de policía local por juzgados vecinales, prohibir la licitación de los defensores penales públicos, eliminar las cárceles concesionadas, y un sinfín de reformas adicionales, cada una más difícil de implementar que la anterior. Algunas de estas reformas están justificadas y otras no. Pero comoquiera que se evalúen las propuestas, el riesgo de que acaben convertidas en letra muerta es altísimo.

Compárese con las mejoras a la justicia criminal. La reforma procesal penal tomó diez años y desde un comienzo estuvo diseñado como un proceso gradual, bien financiado y técnicamente sustentado. Lo anterior fue posible porque Chile era, por esos años, un país solvente e institucionalmente estable. Es cierto que el resultado todavía muestra algunos déficits, pero en lo central se trató de una experiencia exitosa, radicalmente opuesta al fiasco de los imaginados tribunales contenciosos administrativos. Si la reforma procesal penal se hubiera diseñado a la manera que los redactores de la Constitución del 1925 pensaron el contencioso administrativo, todavía tendríamos el cadáver del Ministerio Público plasmado en la Constitución, como eterno recordatorio de lo que quisimos ser y nunca fuimos.

Mucho me temo que nos encaminamos hacia un nuevo chasco. Las reformas judiciales propuestas por la Convención no son ni las más caras, ni las más urgentes. Sin embargo, son extremadamente caras. Puestas a competir con las reformas políticas y sociales —sumado a un contexto de estancamiento económico y desorden institucional—, los políticos del futuro las pondrán a la cola irremediablemente. Bienvenidos al ensueño de lo justo, el somnoliento letargo del que nadie despierta.

Por supuesto, cuando llegue el desconténtico, los convencionales dirán que faltó voluntad. Que los políticos traicionaron la Constitución. Puede que incluso critiquen la hipocresía de quienes acatan, pero no cumplen. ¿Y en cuanto a ellos mismos? No lo dude: “Lavarán sus mánicos como Piláticos”.