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Desde 2016, Chile cuenta con una ley que tiene por objeto impulsar la economía circular, denominada para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP). Si bien se podría argumentar que nuestro país acertó en su creación, su implementación ha evidenciado diversos problemas operativos y de diseño estructural.
Para cumplir la ley, los productores pueden elegir entre hacerlo en forma individual o colectiva. Por la vía colectiva, en conjunto con otras empresas crean una corporación sin fines de lucro para delegar el cumplimiento operativo y prorratear sus costos para el cumplimiento de las metas, debiendo implementar los respectivos cuidados de libre competencia. Esto tiene lógica ya que las empresas no necesariamente son especialistas en reciclaje.
Un caso interesante es el de los envases y embalajes domiciliarios, uno de los productos prioritarios regulados por la ley. Desde 2023, esta categoría cuenta con metas de valorización (reciclaje) de residuos a 12 años. Sin embargo, estas exigencias suponen un modelo operativo que aún no cuenta con capacidades suficientemente desarrolladas de recolección, clasificación, tratamiento y valorización.
“La pregunta para Chile es si estamos desarrollando esas capacidades al mismo ritmo que aumentamos las exigencias regulatorias, porque la fijación de metas, por sí sola, no basta”.
Mientras Chile busca llevar las tasas de valorización de envases desde niveles históricamente bajos (2%) a metas de entre 45% y 70% en doce años, Europa alcanzó objetivos comparables tras tres décadas de construcción institucional, inversión en infraestructura y desarrollo de mercados de reciclaje.
Asimismo, las municipalidades -principales actores de la recolección domiciliaria-, quedaron sin un rol correctamente definido en cuanto a la obligatoriedad de su participación, más bien residual. No obstante, su papel es esencial para la correcta operación del sistema.
Para trabajar en las brechas de implementación de la ley, resulta necesario ajustar gradualmente las metas y las exigencias de cobertura territorial sobre la base de datos reales. También se requiere definir el rol y la coordinación con las municipalidades, mejorar la trazabilidad de los materiales, incorporar expresamente la existencia de sistemas colectivos de gestión por subcategorías monomateriales y permitir la incorporación de criterios de costo-eficiencia y adaptabilidad en los procesos de contratación de los sistemas colectivos de gestión. A ello se suma la necesidad de generar incentivos para desarrollar la industria del reciclaje y asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley REP.
La pregunta para Chile es si estamos desarrollando esas capacidades al mismo ritmo que aumentamos las exigencias regulatorias, porque la fijación de metas, por sí sola, no basta. El desafío es promover el cambio en la tendencia de las tasas de reciclaje en Chile y el desarrollo del mercado, sin disrupciones competitivas y de productividad.
La oportunidad es que la implementación de estas propuestas y modificaciones se realice con sentido de urgencia, pivoteando desde la coordinación entre el sector público y el privado, ya que la economía circular no funcionará por imponer metas cada vez más exigentes, sino que lo hará necesariamente de la mano de mercados cada vez más desarrollados y capaces.
La verdadera discusión sobre la Ley REP ya no es únicamente ambiental. Es una discusión sobre diseño regulatorio, institucionalidad y competitividad. Si Chile logra resolver ese desafío, la ley REP habrá cumplido un objetivo mucho más amplio que mejorar las tasas de reciclaje: demostrar que es posible compatibilizar ambición en sostenibilidad ambiental con una implementación eficaz de crecimiento económico.
