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Alto contrasteSala Cuna Universal: el consenso inútil… hasta ahora
MARÍA TERESA VIAL Presidenta de la CCS
Desde el derecho romano, la expresión consensus omnium alude a un acuerdo generalizado que obliga a actuar en consecuencia y con urgencia. Sin embargo, es evidente que en Sala Cuna Universal llevamos años dando vueltas en la interminable paradoja de señalar que existe este concepto sobre el problema, pero siempre se bloquean los medios para resolverlo.
La actual norma restringe la obligación de proveer sala cuna exclusivamente a las empresas que contratan a 20 o más trabajadoras. Esa distinción termina generando un costo asociado específicamente a la contratación femenina y, con ello, una barrera adicional para su incorporación al empleo formal. En el discurso, nadie está en desacuerdo con que es una norma moralmente inaceptable.
Todos, en este consenso, concordamos en que tenemos una crisis en el empleo que golpea más fuerte a las mujeres más vulnerables. Mientras la participación laboral masculina supera el 70%, entre las mujeres alcanza un 53%; su tasa de desocupación supera el 10% y, en los sectores de menores ingresos, la informalidad llega a un alarmante 59%. Frente a estas cifras, se suma el aumento sostenido de los costos de contratación, junto con fenómenos como la automatización y las brechas de calificación, que dificultan la creación de empleo y afectan especialmente a quienes ya enfrentan mayores barreras de entrada al mercado laboral, como las mujeres.
“En política pública, lo perfecto no puede ser enemigo de lo urgente. Prolongar la indefinición solo perpetúa la discriminación laboral contra las mujeres”.
En este contexto, el reciente despacho del proyecto de Sala Cuna Universal desde el Senado hacia la Cámara Baja constituye un hito muy relevante. Se aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna y eliminó la discriminatoria restricción ligada al número de trabajadoras por empresa. Aún así, 25 votos de los 26 requeridos rechazaron el financiamiento propuesto por el Ejecutivo: una cotización por parte del empleador del 0,35%, compensada con una rebaja equivalente en el aporte al Seguro de Cesantía.
Es evidente que no existe una solución mágica de financiamiento sin efectos. Por un lado, la Superintendencia de Pensiones señala que, esta reducción del 0,35% implicaría que, hacia 2035, el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario fuera un 23,3% menor respecto del escenario base, mientras que las cuentas individuales acumularían una disminución de 7,4%. A su vez, un análisis del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School señala que pese al estrechamiento de su cobertura operacional, el sistema mantiene márgenes financieros positivos, equivalentes a 2,2 veces sus egresos.
En consecuencia, la reasignación acotada de flujos resulta técnicamente viable, siempre que se resguarde la sostenibilidad del Seguro de Cesantía. Es por ello que el mayor riesgo que enfrentamos hoy es la parálisis por purismo. En política pública, lo perfecto no puede ser enemigo de lo urgente. Prolongar la indefinición solo perpetúa la discriminación laboral contra las mujeres. Si el consenso existe, debe traducirse en acción y no puede seguir siendo inútil.
