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Alto contrasteAl finalizar el año, y atendido que también queda un tiempo breve para que finalicen los periodos presidencial y de una parte del parlamento, resulta conveniente analizar aquellos temas importantes que resta resolver por parte de las autoridades.
Hay materias cuya decisión y ejecución puede ser más rápida, y otras que siendo urgentes e ineludibles son de largo alcance y que, por ello, requieren de soluciones complejas, que sólo podrán comenzar a analizarse. Grosso modo, ¿cuáles son las unas y las otras? Entre las primeras, aparecen de manifiesto la dictación de diversos actos administrativos, de nombramientos, que debieran materializarse a la mayor brevedad.
Así, respecto del Servicio Electoral, aún no se cursa la renuncia de Cheyre, lo que no permite proponer al Senado el nombramiento del nuevo integrante del Consejo Directivo del Servel. A su vez este Consejo, con su integración titular completa, debe proceder a la nominación del Director Titular del organismo para lo cual la Alta Dirección Pública le propuso en el mes de agosto una quina. La premura que requieren estas nominaciones salta a la vista, si se tienen presentes las trascendentes decisiones que debe adoptar el Servel, respecto del padrón electoral y todas aquellas relativas a los próximos procesos eleccionarios del 9 de noviembre.
Lo mismo ocurre con las siguientes nominaciones: i) ministros suplentes del Tribunal Constitucional, se encuentran pendientes las proposiciones presidenciales al Senado desde enero de 2016, en que el tribunal envió su propuesta; ii) proposición al Senado de un ministro de la Corte Suprema, cuya quina fue enviada al Ejecutivo en julio de este año; iii) en igual situación se encuentra la proposición al Senado de ministro del Segundo Tribunal Ambiental de Antofagasta en que la Corte Suprema envió quinas para todos sus miembros en septiembre de 2014, no habiéndose instalado aún dicho tribunal; iv) también se encuentra sin proveer un cargo de consejero del Consejo de Defensa del Estado, cargo vacante desde diciembre de 2014, por el término de funciones del consejero Quintanilla.
En cuanto a los grandes temas pendientes debe resaltarse el de modernización de la administración al que me he referido en muchas oportunidades en esta misma columna.
Los servicios públicos, como dice la Ley de Bases de la Administración del Estado, “son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua”.
Las personas que deben acudir a los distintos servicios de la administración son testigos que el mandato del legislador no se cumple. Los sufrimientos y daños que se ocasionan a las personas, con los recurrentes y extensos paros, son casi imposibles de dimensionar. Pareciera que es intrascendente que no haya sido posible hacer un trámite o efectuar atenciones médicas u operaciones quirúrgicas, o, en el caso de Aduanas, interminables esperas para poder ingresar al país, las personas y los bienes importados sin contar con servicios sanitarios mínimos y carentes de toda seguridad.
La admisión a los cargos públicos es un derecho al que se debe acceder por concurso público, no es una prebenda. Deben terminar los cuoteos políticos porque son contrarios a la probidad. Debe derogarse la norma del DL 1608 de 1973 que permite cuotas a los ministros de Estado.
No se condice la calidad de los servicios que prestan los organismos de la administración del Estado con el costo para el erario que tales órganos representan.
Los contribuyentes tienen derecho a que los tributos que pagan, de acuerdo con la legislación, resulten acordes con la calidad de los servicios que reciben de parte de la administración.
En este sentido, debe estudiarse un sistema de remuneraciones para los funcionarios del Estado, acorde con la importancia de la función pública que ejercen. El actual, con metas de gestión, premios, etc. no es conciliable con el ejercicio de funciones públicas, es de alto costo su mantención y, lo más grave, los supuestos que se aplican para el otorgamiento de bonos, en numerosos casos no son verídicos.
