Ciberseguridad: condición para hacer negocios
El ciberataque que afectó los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados franceses en la noche del 11 al 12 de octubre y las amenazas de bomba por correo electrónico que motivaron evacuaciones en colegios italianos la semana pasada, comparten un rasgo esencial: no buscaron solo vulnerar sistemas. Su objetivo fue interrumpir la continuidad operacional, destruir inventario, erosionar la confianza y desestabilizar la vida cotidiana de la ciudadanía. Ambos episodios confirman que la ciberseguridad dejó de ser un asunto de redes y servidores para convertirse en un factor que determina la viabilidad operativa de una organización, la resiliencia de su ecosistema corporativo y, en última instancia, la estabilidad de la sociedad.
Cuando un ataque digital se traduce en daños físicos y parálisis institucional, la ciberseguridad deja de ser una tarea delegable al área técnica. Su gestión compete directamente a la alta dirección, pues hoy sostiene tanto la continuidad del negocio como su reputación. Ambos casos dejan lecciones concretas para la gestión corporativa. En Francia, los atacantes ingresaron por la plataforma remota que regula la temperatura de las cámaras de frío. El fabricante reconoció equipos con software desactualizado y la cadena Intermarché reportó pérdidas por decenas de millones de euros en una jornada. No hubo secuestro de datos ni rescate, sino mercadería perdida, locales afectados y consumidores sin abastecimiento: el eslabón débil fue un proveedor tecnológico que ningún comité de riesgos consideró crítico.
A los directorios les corresponde identificar los procesos más vulnerables ante una interrupción, aprobar recursos y exigir evidencia de que los planes funcionan.
El caso italiano enseña otra lección. Aunque las autoridades estimaron que los mensajes buscaban desestabilizar más que concretar un peligro real, miles de alumnos y docentes debieron evacuar sus aulas. Bastó una campaña masiva y de bajo costo para paralizar un sistema completo. Cuando la disrupción es el fin, distinguir entre amenaza real y falsa pierde relevancia frente a la capacidad de respuesta de cada organización.
Chile posee una de las economías con mayor nivel de digitalización del continente y, por tanto, no es ajeno a esta realidad. Frente a ello nuestro marco normativo integrado por la Ley Marco de Ciberseguridad, Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Delitos Informáticos, creó un ecosistema que busca incrementar los estándares de protección ante este tipo de incidentes. Ambas normas desplazan el foco desde la infraestructura hacia la responsabilidad de quienes dirigen la empresa. De ahí que el desafío sea, ante todo, de gobierno corporativo. A los directorios les corresponde identificar los procesos más vulnerables ante una interrupción, aprobar recursos y exigir evidencia de que los planes funcionan. A las gerencias, traducir esas prioridades en agenda permanente, presupuestos, indicadores, estándares a proveedores y ensayos periódicos antes de que una crisis obligue a improvisar.
Lo que no se gestiona al más alto nivel difícilmente se protege en la operación. La ciberseguridad es hoy una condición habilitante: aseguradoras, instituciones financieras, socios y clientes la exigirán para contratar, financiar y operar. Quienes la entiendan como una inversión en continuidad y confianza competirán en mercados exigentes; quienes la releguen a lo técnico descubrirán, en el peor momento, que su negocio dependía de lo que no protegieron.