l fin de semana en que el sismo del 27-F golpeó a Chile hace diez años, este diario planeaba abrir su siguiente edición con un titular sobre las AFP. Lógicamente, el terremoto trastocó nuestra agenda inmediata, como la de todo el país, pero además pronto se reveló como un desastre natural de proporciones históricas, incluso a nivel mundial.
En los meses posteriores el foco principal de nuestra atención estuvo en estimar de la mejor manera posible el tipo y la magnitud de los daños —materiales y humanos— que provocó el sismo, y luego en los muchos y variados esfuerzos por poner a Chile de pie, por reconstruir, por sacar lecciones y por superar un durísimo trauma para la vida nacional.
Nos resulta imposible recordar esa fecha y sus consecuencias sin hacer algunos paralelos —salvando las distancias— con la difícil situación que vive nuestro país hoy. No es exagerado decir que, en más de un sentido, desde el 18 de octubre pasado Chile ha sufrido otra clase de terremoto, a su modo más desafiante que el de 2010. Esta vez, la destrucción física no es un accidente natural, sino producto de actos de violencia deliberada, lo que requiere de una respuesta policial y política que las autoridades no han sabido encontrar. Se mezcla también con la presión social por cambios en ciertos diseños institucionales —pensiones, impuestos y Constitución, por nombrar sólo tres—, y con un calendario político complejo.
Luego del 27-F, los chilenos mostraron la unidad y solidaridad que han sido claves para superar otras tragedias. El clima, por desgracia, es distinto hoy, pues justamente la división y la crispación que se observan en sectores importantes de la sociedad chilena son parte del problema. Tampoco en los liderazgos políticos se percibe la unidad de propósito que dio sentido a la tarea de reconstrucción hace una década.
Este es un cuadro poco auspicioso para las perspectivas de levantarnos pronto del “terremoto” de 2019-2020, porque reconstruir —nuestra economía y nuestra convivencia— es justamente lo que hará falta.
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