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Alto contrasteEl desafío de prestar un mejor servicio
En julio de este año, la Dirección de Presupuestos publicó la Evaluación de Programas Gubernamentales 2026, que evidenció fallas de diseño en los siete programas examinados, entre ellos “Eficiencia Energética para la Vivienda” del Ministerio de Vivienda y “Crédito MiPyme” de Corfo. Ninguno de ellos obtuvo desempeño medio o bueno, tres fueron calificados con mal desempeño y cuatro con desempeño bajo, para un presupuesto conjunto cercano a US$ 157 millones. La cohorte evaluada de cara al Presupuesto 2026 mostró un patrón similar, ya que 11 de los 20 programas revisados obtuvieron mala o baja nota, en sectores como salud, educación y seguridad.
Y si bien estos resultados no prueban, por sí mismos, que el problema esté en la actual estructura del Estado, sí podrían ser consecuencia de diseños institucionales y procesos deficientes, un antecedente que debiera integrar el diagnóstico de la comisión “Nueva Arquitectura del Estado”, creada por el presidente José Antonio Kast para modernizar el aparato público y que enmarcó su mandato al advertir que “nuestra intención no es desmantelar el Estado, sino ordenarlo para prestar un mejor servicio”. Por lo tanto, no se trata de un ejercicio encubierto para un debilitamiento del empleo fiscal. Al contrario, bien desarrollada, la modernización puede convertirse en una oportunidad para que los propios funcionarios públicos vean, por fin, corregidos procesos burocráticos, y enfrenten una exigencia laboral acorde a la necesidad de optimizar la gestión pública.
Para una familia, significa acceder a prestaciones sin peregrinar entre organismos que no comparten información.
Esta nueva comisión, cuya composición conviene valorar, porque reúne a un equipo transversal —con exministros de los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, además de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, y la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia—, bajo la presidencia de la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst; tiene 120 días para revisar la estructura de los 25 ministerios y evaluar fusiones y duplicidad de funciones, aclarar responsabilidades, reasignar recursos, entre otros.
La reforma, además, no parte desde cero. Chile ha acumulado avances relevantes en transformación digital, como muestra la medición de Gobierno Digital de la OCDE conocida en febrero de este año, que ubicó al país en el décimo lugar entre las economías evaluadas, tras avanzar 22 posiciones y liderar la región. Ese progreso, apoyado en una agenda 2022-2026 de interoperabilidad y digitalización de trámites, confirma que modernizar el Estado es una política de largo plazo que debe sobrevivir a los cambios de administración.
El desafío ahora es ir más allá de la digitalización, revisando el proceso completo —desde qué información pide el Estado hasta quién responde por los plazos no cumplidos— y no solo trasladar trámites de la ventanilla física a una plataforma electrónica.
Por lo tanto, una arquitectura estatal más eficiente, con foco en la calidad del servicio, y no solo en el tamaño del Estado, puede convertirse también en un instrumento de innovación y bienestar ciudadano. Para una familia, significa acceder a prestaciones sin peregrinar entre organismos que no comparten información. Para una empresa, supone menos trámites redundantes y mayores certezas. Para el propio Estado, permite destinar recursos hacia funciones donde generan mayor valor público. Y para la economía en su conjunto, un aparato público más ágil puede contribuir a facilitar inversiones y mejorar la productividad.
