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Alto contrasteEl dilema de la política fiscal
El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, en el que recortó a la mitad su proyección de crecimiento para 2026, de un rango de 1,0%-1,75% a 0,25%-0,75%. La cifra confirma lo que el propio instituto emisor viene advirtiendo hace meses: la recuperación de la economía tardará más de lo previsto, mientras la inflación se mantiene por sobre la meta, con lo que la política monetaria no tiene margen para salir esta vez al rescate de la actividad.
En ese escenario, el debate gira en torno a la voluntad política del gobierno para impulsar una agenda reactivadora con un componente de gasto fiscal, postergando así parte del ajuste que se propuso ejecutar al inicio de su mandato.
La política monetaria, en efecto, tiene poco, o nulo, margen de maniobra. El Consejo del Banco Central mantuvo esta semana, de forma unánime, la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, luego de que el IPC llegara a 4,1% anualizado en agosto y la inflación subyacente se ubicara en 3,3%, ambas por sobre la meta del instituto emisor. El propio IPoM reitera que la convergencia a esa meta recién ocurrirá en el segundo trimestre de 2027, mientras la inflación total terminaría este año “algo por encima” de 4%.
El debate gira en torno a la voluntad política del gobierno para impulsar una agenda reactivadora con un componente de gasto fiscal.
Bajar la tasa en ese contexto, y con buena parte del mundo desarrollado subiendo la suya, arriesgaría, según los analistas, desanclar las expectativas de inflación y una depreciación relevante del peso, un costo que el Banco Central no puede asumir.
La política fiscal, en cambio, sí tiene algo de margen. El gobierno viene ejecutando desde marzo uno de los ajustes más rápidos de las últimas décadas, con una rebaja transversal de 3% al gasto de cada ministerio -con algunas excepciones-, después de que el ejercicio 2025 cerrara con un exceso de gasto de US$ 10 mil millones. La urgencia se explica por el historial fiscal reciente, ya que Chile registró déficit en 16 de los últimos 18 años y su deuda bruta saltó de 5% a 42% del PIB en ese período. Pero el Ministerio de Hacienda, al fijar en junio la trayectoria de déficit estructural hasta 2030 -de 2,6% del PIB este año a 1,5% en 2030-, reconoció que el equilibrio fiscal prometido en campaña no se alcanzará en este período, y que las metas “dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico”, en palabras del ministro Jorge Quiroz.
Si el crecimiento no repunta, las metas fiscales que Hacienda se fijó tampoco se van a cumplir, y el ajuste que hoy resta actividad podría terminar retrasando el ordenamiento de las cuentas públicas. Nada impide, en teoría, que una pausa transitoria en el recorte -o incluso un incentivo tributario acotado en el tiempo- cumpla un rol similar, siempre que se comunique con claridad que se trata de una medida excepcional y que la consolidación fiscal se retomará apenas la actividad económica entregue señales de recuperación.
La resistencia a esa alternativa no es, entonces, financiera, sino una apuesta política del gobierno, que ha construido su identidad fiscal sobre la idea de ajustar con fuerza el gasto público al inicio de su mandato.
La decisión, en definitiva, queda en manos del Presidente Kast. Si opta por sacrificar parte de su ajuste para financiar un impulso a la actividad, la diferencia entre un gesto que fortalece la credibilidad fiscal y uno que la erosiona no estará en el monto ni en el momento, sino en si el gobierno lo enmarca desde ya como una medida transitoria, sujeta a evaluación del Consejo Fiscal Autónomo, y no como una corrección de última hora frente a una economía poco dinámica en medio de un entorno global incierto y de alta inflación.
