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Alto contrasteRECUPERAR LA CONFIANZA DEL SISTEMA DE CONCESIONES
Tras 30 años como uno de los modelos de alianza público-privada de referencia en América Latina, el sistema de concesiones chileno enfrenta hoy uno de sus momentos más complejos, que combina bloqueo burocrático estructural, pérdida de seguridad jurídica y, de acuerdo con lo instalado por la propia industria, un diseño de riesgos contractuales desequilibrado, que ha trasladado al privado cargas que antes compartía el Estado. El riesgo es que estos desajustes podrían restarle a Chile una de las palancas más importantes de crecimiento.
Este cuadro llega en un momento difícil. La economía acumula dos trimestres consecutivos sin crecer y el desempleo no cede. Además, según cifras de la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Obras Públicas ha ejecutado apenas 38,4% de su presupuesto al primer semestre, por debajo del 41,9% de 2025, considerando que es sobre una base ya menor tras el recorte de 3% aplicado en marzo a todos los ministerios. Por su parte, el ciclo de inversión privada en minería y energía —que debiera traccionar la actividad— está enfrentando plazos ambientales cada vez más largos, por lo que es cada vez más necesario que la inversión pública compense, ejecutándose bien en tiempo y forma.
Cabe recordar que el valor del sistema de concesiones radica en su lógica de financiamiento, no solo en la obra que permite construir, ya que libera presupuesto fiscal para las obras que no pueden autofinanciarse. Por eso, resulta paradójico que sea precisamente esta inversión —la que menos necesita aporte fiscal directo— la que hoy exhiba mayores problemas.
El valor del sistema de concesiones radica en su lógica de financiamiento, no solo en la obra que permite construir.
De hecho, el expresidente Eduardo Frei resumió esta semana el hartazgo empresarial con la permisología al advertir que las administraciones “inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos”. El gobierno anterior intentó atacar precisamente ese problema con la Ley 21.770, publicada en septiembre de 2025, que busca reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales, aunque, en la práctica, esos plazos todavía no se aplican.
Sin embargo, este avance solo resuelve la mitad del problema. La otra mitad ocurre después, cuando un proyecto ya adjudicado no logra construirse. El caso más elocuente fue el congelamiento, por parte del Ministerio de Hacienda, de la adjudicación de los corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 en el Biobío, pese a que los proyectos contaban con aprobación técnica y financiamiento estructurado por cerca de US$ 400 millones. Carlos Cruz, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, calificó la decisión como “una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones” y advirtió que el efecto se expande hacia la banca, que financia entre 70% y 75% del capital de este tipo de proyectos. Fernando Echeverría, presidente de Echeverría Izquierdo, por su parte, extendió el diagnóstico hacia la obra pública directa, el modelo elegido para reemplazar la concesión congelada. “Las inversiones públicas tienen un sistema demasiado rígido y regulado que no toma en cuenta todas sus dimensiones”, sostuvo el empresario.
Nada de esto resulta menor para un gobierno que ha hecho de la atracción de inversión uno de los ejes centrales de su discurso económico. Exigir compromiso al capital privado mientras el propio Estado incumple plazos, congela adjudicaciones y traspasa riesgos que no le corresponden es una contradicción que el mercado no tarda en advertir. Revertir esa discrecionalidad antes de que se instale como un sello país no es una tarea más dentro de la agenda de reactivación: es la condición de la que depende, en gran medida, que la economía vuelva a crecer.
