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Alto contrasteReforma previsional y evaluación de riesgos
El próximo año, la reforma previsional, promulgada por el Presidente Gabriel Boric en marzo de 2025, entrará en una de sus etapas más relevantes. En abril debutarán los fondos generacionales, con lo que el esquema de multifondos llegará a su fin. En agosto, la cotización obligatoria con cargo al empleador aumentará 0,75 punto porcentual adicional y, ese mismo mes, se abrirá el primer concurso de licitación del stock del nuevo sistema, que traspasará a 10% de la cartera de afiliados hacia la AFP con la comisión más baja. Y, por último, en septiembre de 2027 la Pensión Garantizada Universal (PGU) completará su cobertura para todos los mayores de 65 años.
A simple vista, se trata de buenas noticias. Sin embargo, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro, han advertido sobre el riesgo de implementar al mismo tiempo la licitación del stock de afiliados y los fondos generacionales, ya que la coincidencia podría presionar una venta masiva de activos y mermar el patrimonio de los cotizantes. Ese antecedente debiera empujar al gobierno a revisar si el calendario puede ajustarse por la vía administrativa y, si ello no fuera suficiente, evaluar una ley corta que permita separar ambos procesos, porque el objetivo de la reforma no es solo abaratar la administración de los ahorros, sino asegurar una relación adecuada entre rentabilidad y riesgo durante varias décadas, algo que un reciente estudio de Clapes UC muestra con particular claridad.
Postergar el cronograma no significa frenar la reforma, sino evitar que la carrera por bajar comisiones exponga a millones de cotizantes.
El análisis, publicado en Diario Financiero, concluyó que el riesgo del fondo E —medido por el valor en riesgo condicional (CVaR)— subió de 1,47% a 4,19% entre 2010 y 2025, por un vacío regulatorio que no limita la duración de la renta fija, la que llegó a 10,2 años en 2025, la más alta del sistema. Un bono de alta calidad crediticia puede perder valor si sube la tasa de interés y su vencimiento es largo, por lo que llamar “conservadora” a una cartera de renta fija sin medir ese riesgo puede ser engañoso para los afiliados. Ese vacío cobra urgencia porque la Superintendencia debe publicar, este 1 de septiembre, el régimen definitivo de inversión de esos fondos.
Desde 2008, siete procesos de licitación de la cartera de nuevos afiliados —el mecanismo antecesor— redujeron la comisión promedio de 2,8% a 1,1% del ingreso imponible y sumaron dos nuevos actores a la industria, evidencia de que la lógica competitiva sí funciona. Sin embargo, la licitación del stock supone un desafío distinto, porque implica trasladar activos ya acumulados de afiliados existentes. Chile introduce así dos cambios profundos y bienvenidos si se ejecutan de forma correcta: mayor competencia entre administradoras y una transformación completa sobre cómo se invierten los ahorros.
La licitación puede reducir comisiones, y los fondos generacionales pueden asignar mejor el riesgo, pero eso no compensará una regulación que omita riesgos relevantes, como la duración de la renta fija de los fondos más conservadores, que puede terminar afectando el valor de estos activos ante determinadas condiciones de mercado. Si la regulación y los mecanismos de transición no permiten despejar adecuadamente ese riesgo, postergar parte del cronograma no significaría frenar la reforma, sino evitar que la carrera por bajar comisiones exponga a millones de cotizantes a un riesgo que no eligieron: ese, y no la velocidad de implementación, debería ser el criterio que defina los tiempos de la reforma previsional.
