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Alto contrasteSeguridad minera y gestión empresarial
La seguridad laboral es una variable crítica que compromete todos los ámbitos del quehacer empresarial. Desde esta perspectiva, la reciente sucesión de accidentes fatales en la industria minera nacional exige un examen que no puede reducirse solo a una demanda de mayor fiscalización pública. También obliga a las compañías a revisar si los protocolos vigentes responden a las condiciones actuales, incorporando riesgos asociados a cambios en los procesos, equipos y la organización del trabajo. Recuperar el dinamismo y el liderazgo global de la minería chilena exige que la protección de los trabajadores ocupe un lugar prioritario en las decisiones operacionales y de inversión.
La mesa transversal por la seguridad minera, encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el subsecretario Álvaro González, con representantes de trabajadores, empresas, mutuales, gremios y organismos públicos, constituye una instancia necesaria para abordar las deficiencias en materia de prevención y fortalecer la coordinación entre los distintos actores de la industria. El anuncio de mayores recursos para seguridad minera en el Presupuesto 2027 de Sernageomin constituye un resultado concreto de esa instancia. Su orientación es pertinente, pues busca reforzar la dotación, incorporar tecnología preventiva y ampliar la presencia en terreno, con las metas de alcanzar 13 mil fiscalizaciones anuales, un 30% más que este año, y cubrir el 50% de las faenas.
Una industria que busca ampliar su producción debe asegurar que sus metas sean compatibles con las condiciones para alcanzarlas.
Chile ha demostrado que puede reducir los riesgos de esta actividad. Según Sernageomin, entre 2010 y 2024 la tasa de fatalidad disminuyó un 83%; sin embargo, los fallecidos aumentaron de 11 en 2024 a 20 en 2025. Este retroceso obliga a examinar qué controles resultaron insuficientes y cómo corregirlos, sin asumir que los avances históricos aseguran por sí solos una prevención eficaz.
El refuerzo del servicio debe traducirse en una supervisión capaz de identificar peligros y comprobar su corrección, además de aumentar las inspecciones. Para las empresas, ello supone verificar en terreno la aplicación de los protocolos, asegurar estándares consistentes entre personal propio y contratistas e incorporar la experiencia de los trabajadores en la detección de riesgos. Los directorios, a su vez, necesitan información que permita anticipar deficiencias y evaluar si las inversiones preventivas responden a las condiciones de cada operación.
La eficacia de esta respuesta dependerá también de los incentivos que orientan las decisiones dentro de las compañías. Si el desempeño se evalúa principalmente por producción, costos y plazos, la prevención corre el riesgo de quedar subordinada a esas metas. Integrar la seguridad en la evaluación de ejecutivos y supervisores, y respaldar a quienes advierten peligros o detienen una tarea insegura, permitiría dar contenido a esa responsabilidad. Una industria que busca ampliar su producción debe asegurar que sus metas sean compatibles con las condiciones para alcanzarlas sin exponer la vida de sus trabajadores.
