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Alto contrasteUna infraestructura que sostenga la actividad económica
Los eventos meteorológicos de este año han mostrado que la vulnerabilidad de la infraestructura chilena también compromete la continuidad económica. El Ministerio de Obras Públicas registró 1.345 afectaciones por los temporales de julio y el titular de la cartera estimó preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 500 millones el costo de recuperar los daños públicos y privados en Coquimbo y Huasco. La Cámara Aduanera recogió estimaciones de pérdidas cercanas a US$ 200 millones durante las primeras cuatro semanas de cierre de Los Libertadores, mientras los efectos económicos del aluvión de San Carlos de Apoquindo aún deben dimensionarse. Ante la perspectiva de fenómenos climáticos cada vez más extremos, la rentabilidad de la inversión pública y privada en obras de infraestructura no solo deberá medirse solo por su costo inicial, sino también por su capacidad para preservar la resiliencia operativa del país.
Esta exposición adquiere mayor relevancia ante las necesidades de infraestructura que la Cámara Chilena de la Construcción estima en más de US$ 250 mil millones para 2026–2035, según su informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible, que identifica brechas en transporte, energía, agua y servicios sociales, entre otros sectores. La estrechez fiscal obliga a priorizar la inversión pública, incorporando a esa evaluación las pérdidas económicas y las interrupciones de servicios que una infraestructura mejor preparada puede evitar.
Las pérdidas de la actividad económica pueden prolongarse durante años.
La importancia de esa evaluación aumenta al considerar que las pérdidas de actividad pueden prolongarse durante años, como muestra un documento de trabajo publicado por el Banco Central en diciembre de 2025, que estima una caída inicial cercana al 1,5% del PIB de las regiones afectadas por inundaciones e incendios forestales y una recuperación promedio al quinto año. Además, el estudio identifica restricciones financieras y una recuperación rezagada de la inversión que contribuyen a prolongar las pérdidas de actividad económica. El impacto de una catástrofe excede, por tanto, el gasto de reparación física, pues comprende también la actividad, los ingresos y las oportunidades de inversión que dejan de materializarse.
Frente a la magnitud de estas pérdidas latentes, la prevención ofrece beneficios económicos que pueden superar ampliamente su costo. El Banco Mundial estima que, en países de ingresos bajos y medios, invertir en infraestructura más resiliente genera, en su escenario medio, cuatro dólares de beneficios por cada dólar destinado a ese propósito. Aunque esa relación requiere una evaluación específica para cada proyecto en Chile, aporta una referencia para ponderar la conveniencia económica de la prevención.
Chile necesita una planificación que integre estos riesgos desde el diseño, mediante una mayor coordinación territorial, una evaluación social que considere el costo de las interrupciones y la priorización de activos críticos para el funcionamiento de la economía. La infraestructura resiliente no debe entenderse simplemente como un mayor costo de construcción, sino como una inversión cuyo retorno también se expresa en las pérdidas que permite evitar. Incorporar esta perspectiva es indispensable para proteger el capital existente, sostener la productividad y fortalecer la competitividad del país.
