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Alto contrasteValoración del sistema de concesiones
La positiva valoración que hizo el presidente ejecutivo de la española Sacyr, Manuel Manrique, sobre el sistema de concesiones chileno constituye una señal favorable para un país que necesita ampliar su infraestructura y recuperar el dinamismo de la inversión y el crecimiento económico. En entrevista con DF, el ejecutivo destacó el cumplimiento de los contratos y la seguridad jurídica como atributos que sostienen su confianza en Chile. Ese reconocimiento merece ser destacado, así como sus recomendaciones para las políticas públicas del sector.
Con tres décadas de presencia en Chile, la compañía proyecta inversiones adicionales por US$ 5.600 millones durante los próximos cuatro años. Su materialización dependerá de las condiciones de cada proyecto, pero expresa una disposición a comprometer recursos de largo plazo. Sus palabras adquieren relevancia tras la controversia por los corredores del Gran Concepción, cuyos procesos de adjudicación al grupo Azvi fueron frenados por restricciones fiscales. La posterior decisión de ejecutarlos como obra pública generó inquietud sobre la continuidad de los procedimientos y la certeza para invertir bajo este sistema.
Para Sacyr, que tiene en Chile su principal mercado de concesiones, la trayectoria del sistema y la orientación proinversión del gobierno ofrecen una base de confianza. Sin embargo, Manrique advierte que esa posición exige mejoras para preservar la sostenibilidad y competitividad del modelo.
El respaldo de un operador internacional relevante permite apreciar un patrimonio construido durante décadas.
Agilizar los permisos constituye uno de los perfeccionamientos necesarios, pues las demoras postergan las obras y sus beneficios económicos y sociales. También plantea resolver oportunamente las controversias, para reducir la incertidumbre y facilitar la ejecución contractual. A ello se suma la evasión de peajes, que afecta los ingresos con que se financia la infraestructura. Incentivar el pago y aplicar sanciones efectivas y proporcionales al incumplimiento reiterado contribuye a proteger la viabilidad del sistema y a quienes cumplen.
La continuidad de esta colaboración público-privada requiere una política de Estado que trascienda administraciones y signos políticos. A las autoridades les corresponde supervisar las obligaciones de los concesionarios y adoptar decisiones fundadas y predecibles, junto con corregir dificultades que retrasen las obras o deterioren el servicio. Ampliar las fuentes de financiamiento también será relevante para sostener una cartera creciente de proyectos, mediante la participación de banca internacional y nuevos inversionistas.
El respaldo de un operador internacional relevante permite apreciar un patrimonio institucional construido durante décadas, cuya vigencia dependerá de su capacidad de adaptación. Preservarlo supone asegurar que el cumplimiento contractual se traduzca también en obras oportunas y servicios de calidad, de modo que la confianza de los inversionistas encuentre respaldo en la experiencia de los usuarios. Solo así se podrán proyectar las virtudes de un modelo que -como afirma el propio ejecutivo- es el “mejor del mundo” y sirve de referencia para otras economías.
