Tras años de agitación política que han erosionado la confianza en las instituciones y los electores, los peruanos acudirán a las urnas este domingo para votar por un nuevo Presidente y miembros del Congreso, en unos comicios con una treintena de candidatos presidenciales sin un favorito que evite una segunda vuelta electoral.
Las últimas encuestas anticipan que ningún candidato obtendrá el 50% necesario para ganar y se prevé una nueva ronda para el 7 de junio, lo que podría prolongar la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre que busca frenar los escándalos de corrupción y aumento del crimen.
Las urnas abrieron a eso de las 07:00 hora local y cerrarán a las cinco de la tarde para las 27,3 millones de personas habilitadas para votar, de las 34 millones que habitan el país sudamericano.
"No es un cliché, pero es la elección más compleja en la historia del país", dijo Piero Corvetto, jefe de la oficina electoral ONPE, que tendrá la misión de anunciar los resultados.
Con ocho Presidentes desde el 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y por alianzas gobernantes débiles han llevado al país a que ningún mandatario electo haya logrado terminar en la última década su periodo de cinco años.
"La gente realmente desprecia el Congreso actual", dijo Martín Cassinelli, del Atlantic Council. "Los reconocen como responsables del caos político que hemos tenido".
Los peruanos tienen una gama de opciones que incluye políticos de extrema derecha e izquierda, empresarios y hasta un excomediante, que abogan por un cambo radical en el país.
La candidata que lidera los sondeos es la derechista Keiko Fujimori, quien postula por cuarta vez tras perder en balotaje las tres elecciones anteriores. Fujimori se ha presentado como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia.
Sin embargo, la candidatura de la hija del fallecido exPresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su legado familiar y problemas legales pasados.
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Dudas y sorpresas
En la última semana emergió el excalde limeño Ricardo Belmont, un empresario y periodista de 80 años, ubicándose en el segundo lugar de favoritismo. Le sigue el popular humorista e imitador de exPresidentes Carlos Álvarez. Ambos han crecido en las encuestas con un mensaje antisistema, según analistas.
Otra figura es el ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un empresario con ideas socialmente conservadoras, que ha visto fluctuaciones en el apoyo.
Quienes pasen a la segunda vuelta se enfrentarán a un dividido Congreso, lo que podría complicar el esfuerzo del próximo gobernante para aprobar leyes y evitar riesgos de destitución.
Las calles de la capital de Perú lucen abarrotas de carteles de campaña con el récord de 35 postulantes, buscando atraer votantes frustrados de su clase política.
"Perú está patas para arriba, no hay por quién votar", dijo la vendedora ambulante de frutas Gloria Padilla, en una bulliciosa y transitada calle limeña.
Algunos candidatos han prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios como medida de austeridad y "evitar" sobornos.
La inseguridad es otro de los problemas de Perú, un país que pese a la constante crisis política ha mantenido a flote su economía, en medio de una ola de extorsiones, aumento del crimen, el narcotráfico y la minería ilegal.
Algunos de los principales candidatos proponen ampliar el papel de los militares en la seguridad interna. Otros incluso dicen que buscarán retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte.
Las elecciones también tienen implicaciones geopolíticas.
El aumento de la relación económica de Perú con China -ahora su mayor socio comercial y gran inversor en infraestructura y minería-, ha preocupado a Washington, que ha intensificado su compromiso diplomático y de seguridad antes de las votaciones.
Las autoridades esperan entregar resultados preliminares del proceso poco después del cierre de las mesas de sufragio, en un país donde el voto es obligatorio bajo pena de multa.
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