El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al empresario Cristian Zaro por tala de bosque nativo y daños irreparables en un humedal de la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos.
La condena es la primera en el país dictada al amparo de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, que entró en videncia en agosto de 2024, estableciendo una multa de 30 mil UTM y cinco años de libertad vigilada.
Los antecedentes investigados a través de la Unidad de Delitos Medioambientales de la Fiscalía de Los Ríos, datan de los años 2023 y 2024, periodo en que el empresario habría adquirido un predio en el sector Yeco. En dicho lugar, y como se acreditó durante el juicio, el empresario ejecutó la tala de árboles nativos y el vertido escombros y material sobre un humedal afluente del río Lingue, alterando de manera irreversible el ecosistema hídrico, faenas ejecutadas sin autorizaciones.
“Lo que hizo fue ralear completamente el bosque existente en un cerro aledaño, violando toda la normativa de la ley de bosque”, detalló el fiscal ambiental de Los Ríos, Carlos Bahamondes. El persecutor agregó que el empresario “decidió abrir caminos y aplanar el cerro y todo el material sobrante, lo depositó (...) en un humedal aledaño a este cerro, sepultándolo completamente y como se logró demostrar en juicio, destruyendo el humedal de manera irreversible".
Para la Fiscalía, estos hechos configuran “delitos de la ley de bosque y delitos de atentado, daño o contaminación ambiental”.
El fiscal Bahamondes destacó que las investigaciones para obtener la sentencia tienen un respaldo técnico “de informes emitidos por distintas instituciones vinculadas al medioambiente, como Conaf, la Dirección General de Aguas, Senageomin y la Policía de Investigaciones” y agregó que es “la institucionalidad la que da origen y sostiene también esta investigación”.
Programas de formación
Durante el desarrollo del juicio, la defensa del empresario cuestionó la magnitud del impacto ambiental e insistió en que su representado contaba con ciertos permisos. Argumentaron que el caso fue exagerado para dar una sensación de catástrofe por tratarse de la primera causa de esta naturaleza a nivel nacional.
Tras ponderar las atenuantes del proceso, el Tribunal de Valdivia concedió a Zaro una pena sustitutiva. Además de los cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una multa de 30 mil UTM, alrededor de $ 2.200 millones, el empresario quedó con la obligación legal de asistir a programas de formación e inducción en materia de conservación y medio ambiente.
¿Qué dice la Ley de Delitos Ambientales?
La sentencia sienta un precedente judicial. Es la primera condena ejecutada luego de la promulgación en 2023 de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales, una normativa que sistematiza los delitos corporativos y persigue la acciones criminales contra la naturaleza.
La nueva legislación incorpora al Código Penal la penalización de conductas gravísimas bajo la figura de “Atentado contra el medio ambiente”, que faculta la persecución de acciones como la elusión fraudulenta del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la extracción ilegal de aguas, el vertimiento de agentes contaminantes y la destrucción o afectación significativa de ecosistemas vulnerables. Entre estos últimos se encuentran los humedales, reservas, parques nacionales o glaciares.
Las penas para los infractores pueden, como en este caso, ser privativas o restrictivas de libertad, lo que dependerá de las agravantes o atenuantes que se acrediten durante el juicio. Así también fija multas pecuniarias, proporcionales al delito cometido, pero con la facultad de aplicar el comiso de las ganancias obtenidas bajo condiciones infractoras. Esta última herramienta permite a la justicia confiscar incluso las utilidades generadas por los ilícitos.
El principio de esta definición apunta a que el daño medioambiental no resulte rentable para los infractores.
La Ley de Delitos Ambientales amplia además la responsabilidad penal de las personas jurídicas, determinando que corporaciones, empresas e incluso entidades como universidades o partidos políticos pueden ser condenadas.
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