La Ley de I+D (20.570) es aquella que establece un beneficio tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo y fue creada en 2008 para que las empresas chilenas mejoraran su capacidad competitiva. Sin embargo, y tras la entrada en vigencia de una nueva versión, en 2012 (ver recuadro), el comentario obligado cuando sale a colación es su desconocimiento entre aquellos a quienes está destinada y su complejidad a la hora de postular.
Desde la División de Innovación del Ministerio de Economía, Benjamín Maturana, agrega como motivación para mejorar la ley, buscar maneras para que empresas de menor tamaño, específicamente las pymes, pudieran participar de manera más activa de este beneficio tributario, además de que la iniciativa estaba incluida en el programa del presidente Sebastián Piñera.
Tras dos meses de reuniones con gremios empresariales, la División de Innovación se abocará en lo que queda de este año, en conjunto con la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, en elaborar las propuestas para una que una nueva ley pueda ser ingresada al Parlamento.
Los ejes principales del trabajo son tres: que sea un beneficio más accesible a la realidad de las Pymes, simplificar o modificar los procesos de postulación y ejecución de proyectos y establecer una eventual ampliación de la cobertura para incorporar el beneficio tributario al Corporate Venture Capital.
“Nuestra visión se combinó con un diagnóstico que Corfo venía trabajando hace algún tiempo, ya que ellos tenían identificadas algunas mejoras operativas para hacer más expedito el proceso de postulación y que las empresas no lo vieran como algo tan burocrático, sino como algo más amigable para postular y entender el beneficio. Combinando esas dos cosas dijimos, además, escuchemos a las empresas y a los gremios de empresas también para saber cuáles son sus comentarios y su feedback respecto al funcionamiento de esta ley y para eso convocamos a estas reuniones de trabajo”, revela Maturana.
Los tres ejes
En el informe de gestión 2014-2018 de Corfo, se alerta porque son las grandes empresas las que más acceden a este beneficio tributario. De ahí la preocupación por incluir más a las Pymes.
Maturana explica que existen “miedos” en este sector a que si participan de estos beneficios, el SII los vaya a fiscalizar y revise su contabilidad. “Algunas pymes, por temor, prefieren no participar, y es algo que vamos a trabajar con el SII para disminuir ese riesgo o al menos esa reticencia de las pymes”, dice. Por otro lado, como el beneficio funciona como un crédito tributario, solo se benefician aquellas empresas que pagan impuestos, o sea las que tienen utilidades, y como hay pymes que están recién partiendo y están partiendo pero hacen I+D, no se pueden beneficiar. “Estamos buscando mecanismos, también con el SII, para que puedan recibir una retribución, una especie de devolución de impuestos, por el equivalente al crédito que hubieran recibido en caso de obtener utilidades”, asegura.
Respecto a la simplificación del proceso para postular al beneficio, Maturana expone que se va a hacer más fácil, pero también irá más allá y considerará algunos gastos necesarios en I+D que hasta hoy no están contemplados, por ejemplo, un encargado de ejecutar estos proyectos.
Para las empresas que hacen, de manera permanente el uso del beneficio, la idea es que puedan pasar por un proceso más acelerado en la verificación de los antecedentes.
Sobre la posibilidad de incorporar el beneficio tributario al Corporate Venture Capital (startup o pequeñas empresas de base tecnológica que son adquiridas para recibir la innovación que viene con ella), el jefe de la División de Innovación apunta que “existen países que otorgan un beneficio tributario a este tipo de adquisiciones de empresas y a nosotros nos gustaría explorar este mecanismo”.
Por último, Maturana reveló que están evaluando modificar el tope para aumentar el beneficio.
Segunda modificación a esta ley
La Ley de Innovación y Desarrollo (Ley I+D) nació en 2008, como la ley 20.241 y tenía como expectativa, no lograda, que el país duplicara su gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
La primera ley estuvo vigente entre 2008 y 2012 y estableció como principal requisito que sólo serían sujeto de beneficios tributarios proyectos que fueran encargadas por empresas en un 100% a Centros de Investigación registrados en Corfo. Esta modalidad de 100% subcontratación tuvo bajo impacto y durante cinco años de implementación se certificaron solo poco más de 100 contratos.
De ahí que en septiembre de 2012 entrara en vigencia una nueva Ley de I+D (20.570). Esta serie de modificaciones, entre las cuales estaba el reconocimiento de gastos en I+D empresarial tanto internos como externos, permitió aumentar a 539 las certificaciones, correspondientes a 876 proyectos, en seis años (a diciembre de 2017).
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