Para los habitantes de regiones, el aislamiento territorial es un impuesto cotidiano que puede significar viajar más de dos horas para comprar un remedio o hacer escala en Santiago al volar a otra región. El subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, entiende la conectividad regional como “la posibilidad real que tiene una persona de acceder a los servicios básicos del Estado”.
Bajo esta métrica, la Subdere diagnosticó que 567 localidades viven aislamiento multidimensional severo, con 14.140 chilenos residiendo a más de dos horas de cinco prestaciones esenciales simultáneas: salud primaria, escuelas, Carabineros, Registro Civil y farmacias.
“La Patagonia austral es el epicentro de la dispersión de asentamientos en el país: entre las 10 comunas con más poblados aislados, ocho pertenecen a Aysén y Magallanes. En Aysén, una de cada cuatro localidades no accede a ninguno de estos servicios en menos de dos horas”, profundizó Figueroa.
Pero el fenómeno “no es exclusivo del extremo sur”, y la comuna de Sierra Gorda (Antofagasta) concentra la mayor población absoluta bajo aislamiento extremo, con 1.649 residentes afectados.
Esta desconexión física decanta en aislamiento financiero, ya que el informe estatal comprobó que 3.510 localidades (12% del territorio poblado) y más de 140 mil habitantes deben invertir más de una hora de viaje exclusivamente para lograr acceder al cajero automático o a la sucursal bancaria más cercana.
900% creció el presupuesto para servicios subsidiados entre 2010 y 2026.
Salto presupuestario
Frente a esta fricción logística que frena el desarrollo local, el Estado dice estar inyectando más recursos. El presupuesto del Ministerio de Transportes (MTT) destinado a servicios subsidiados anotó un salto en torno a 900% entre 2010 y 2026.
La inversión pública busca dotar de movilidad regulada tanto a las capitales regionales como a los asentamientos más periféricos.
El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, detalló que la inversión estatal orientada a servicios subsidiados pasó de $ 13.279 millones en 2010 a $ 133.928 millones proyectados para 2026. Esta expansión permitió engrosar la red desde 307 a 1.303 servicios operativos en la actualidad, logrando una cobertura que abarca desde el norte grande hasta Puerto Williams, e integrando a territorios insulares como Isla de Pascua, Juan Fernández e Isla Mocha. “Las políticas públicas en materia de movilidad y conectividad en regiones debieran ser motivo de orgullo, porque a lo largo de distintos gobiernos, desde el MTT, hemos hecho un esfuerzo para aumentar los servicios subsidiados en zonas rurales y aisladas”, recalcó.
Actualmente, el sistema sostiene 1.113 servicios terrestres, 177 rutas marítimas, fluviales y lacustres, 11 tramos aéreos y dos líneas ferroviarias. En materia escolar, se consolidaron 919 recorridos gratuitos con una inyección de $ 33.764 millones para resguardar el traslado de 71 mil estudiantes.
Revés aéreo
Si bien la inversión terrestre muestra indicadores al alza, la matriz aérea comercial experimenta un retroceso en su descentralización. Entre 2016 y 2019, el mercado regional vivió un histórico impulso por la irrupción del modelo de bajo costo de JetSmart y la transformación de Sky Airline, inaugurando rutas transversales inéditas como Concepción-Iquique o Concepción-Antofagasta. Pero las fluctuaciones en los costos operativos y los ajustes de flota forzaron a la industria a un profundo reordenamiento entre 2023-2026.
Según los últimos reportes de la Junta de Aeronáutica Civil, los vuelos directos interregionales registran caídas interanuales sostenidas. Debido a la baja rentabilidad, aerolíneas como Latam y JetSmart racionalizaron sus tramos eliminando rutas transversales emblemáticas como Concepción-Puerto Montt, Concepción-Calama y corredores corporativos mineros como Calama-La Serena y Antofagasta-La Serena. Aunque sobreviven rutas estacionales como Temuco-Balmaceda operada por Sky, la desaparición de estos tramos devolvió al aeropuerto de Santiago su rol centralizador.
Transporte naviero
En el sur austral, la matriz logística depende de la conexión marítima. En la ruta del Canal de Chacao, la capacidad de la flota creció 40,9% entre 2015 y 2025 (totalizando 2.620 metros lineales), superando los 96 mil zarpes anuales para transportar 1,3 millones de vehículos. Los tramos subsidiados que unen Puerto Montt con Chaitén multiplicaron por cuatro su capacidad, pasando de 750 a 3 mil metros, un salto logístico que se logró al duplicar la frecuencia de tres a seis viajes a la semana desde 2018.
Pese al crecimiento, el sector advierte que el diseño de los apoyos fiscales debe actualizarse. El presidente de la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral (Armasur), Héctor Henríquez, pide revisar las normativas de inversión. “Es indispensable ampliar la duración de los contratos de conectividad subsidiada, para que los operadores puedan invertir en embarcaciones modernas y amortizar su costo”.
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