Los chilenos votan el domingo sobre la adopción de una nueva constitución radical. Está en juego el modelo económico de uno de los mercados emergentes más exitosos del mundo. Los augurios no son buenos.
Durante las últimas tres décadas, Chile fue ampliamente promocionado como un ejemplo. A los inversionistas les encantó su crecimiento constante, sus leyes estables y predecibles y su gobierno tecnocrático. Pero las impresionantes cifras económicas y las reducciones de la pobreza escondieron fallas importantes. La desigualdad siguió siendo alta y la salud pública, la educación y las pensiones inadecuadas. Una sociedad dominada por las clases y una economía dominada por familias tradicionales limitaron las oportunidades para aquellos que no nacieron en la riqueza.
Existe un amplio consenso en Chile de que se necesita una nueva Constitución. Este borrador profundamente defectuoso no es la solución.
Las protestas estudiantiles surgieron en 2006 y nuevamente en 2011-13. En octubre de 2019, la ira pública se desbordó, con semanas de manifestaciones a veces violentas. Una promesa del gobierno de una nueva constitución para reemplazar el actual documento de la era de la dictadura ayudó a persuadir a los manifestantes a abandonar las barricadas.
Los chilenos confiaron la redacción de una nueva carta a una asamblea especial elegida en 2021. La mayoría de los ciudadanos esperaban un documento para preservar la prosperidad pero inclinar la balanza hacia un estado más fuerte para mejorar los servicios públicos y distribuir la riqueza de manera más justa. Eso no sucedió. Elegida por una baja participación durante la pandemia, la asamblea constituyente estuvo dominada por la extrema izquierda. Una gran facción de “independientes” resultó ser activista radical. El organismo resultó poco representativo de la sociedad chilena, que está equilibrada entre izquierda y derecha, y generalmente evita los extremos.
Después de un año de deliberaciones a veces caóticas, la asamblea produjo su borrador. No es breve. La nueva carta consta de 388 artículos y 57 cláusulas transitorias. Sería una de las constituciones más largas del mundo, pero una de las más vagas. El Estado, por ejemplo, “reconocería y promovería el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones”.
Una larga lista de responsabilidades del gobierno se extiende al desarrollo del patrimonio culinario de Chile y al establecimiento de medios regionales. El Estado garantizaría los derechos de los ciudadanos al desarrollo de su personalidad y proyecto de vida. En general, la carta se lee más como un manifiesto político extenso que como una destilación sucinta de los derechos fundamentales.
De manera preocupante para las empresas, el documento erosiona los derechos de propiedad y balcanizaría a Chile en un estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, que incluye territorios autónomos con sus propios sistemas de justicia. Reemplaza el senado con una “cámara de regiones” emasculada, eliminando controles y equilibrios vitales.
Chile es el mayor productor de cobre del mundo y el segundo mayor exportador de litio. Pero el proyecto de estatuto crea tanta inseguridad jurídica que corre el riesgo de disuadir las grandes inversiones necesarias para nuevas minas.
Alarmados por su radicalismo y sufriendo una fuerte recesión económica, los chilenos se han vuelto en contra de la nueva constitución. Las encuestas muestran que una pequeña mayoría lo rechaza (aunque su confiabilidad no está clara). Gabriel Boric, el Presidente izquierdista del país, está a favor pero prometió enmiendas. Esto no abordaría el mayor problema: que el borrador carece del amplio apoyo necesario para un documento fundacional. Los inversionistas han dado su veredicto: la moneda de Chile se devaluó más rápido en el año hasta julio que cualquiera de sus pares regionales, una tendencia exacerbada por la debilidad del precio del cobre.
Existe un amplio consenso en Chile de que se necesita una nueva constitución. Este borrador profundamente defectuoso no es la solución. Instruir al Congreso para que designe una nueva convención constitucional sería un mejor curso. Eso tendría más probabilidades de generar la futura prosperidad y una sociedad más justa a la que los chilenos aspiran con razón.
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