El mundo económico sigue analizando el resultado del plebiscito constitucional de este domingo. Fitch Ratings encendió luces de alerta este martes, al plantear que el rechazo a la nueva carta magna “prolonga más que resuelve las incertidumbres derivadas de la reforma constitucional”.
Si bien la clasificadora de riesgo reconoce que el triunfo del Rechazo “aliviaría las preocupaciones en el sector corporativo en torno a posibles propuestas futuras”, también advirtió que “la incertidumbre seguirá pesando sobre la inversión en sectores clave y, por tanto, sobre el crecimiento económico”, como consecuencia de que prevén que, probablemente, el gasto social aumentaría independiente del resultado del plebiscito.
Un comentario liderado por Richard Francis, director senior de Soberanos de la agencia, recalca que “la incertidumbre persistirá sobre la nueva Constitución y las implicancias para el modelo económico, la gobernanza y la formulación de políticas”. También recuerda que la incertidumbre “ha pesado sobre los resultados económicos de Chile y ha complicado la formulación de políticas”.
La firma aclara que la incertidumbre política no está relacionada “únicamente” con el debate constitucional: recuerda que el gobierno presentará este mes la reforma de pensiones, “que tratará de aumentar el papel del sector público” en el sistema previsional. Y, apunta a que “no está claro si el respaldo del Presidente Boric a la Constitución rechazada debilitará la capacidad de su administración para implementar su programa político”.
El documento también dice que la Constitución rechazada enumeraba derechos sociales en materia de vivienda, pensiones, salud y educación “que habrían hecho aumentar el gasto social con el tiempo”. Pero, precisa que el mandatario “ya había prometido aumentos del gasto social que podrían dificultar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit fiscal”.
El contenido de la propuesta
El análisis plantea que el hecho de que el Rechazo haya sido más contundente de lo previsto “sugiere que una propuesta revisada contendría propuestas menos radicales”. Pero, puntualiza que esto podría depender de cómo se elabore, incluyendo si el Congreso toma un rol más activo o si se convoca a otra Convención Constitucional, y también de la composición del órgano que se defina.
Recuerda que la propuesta rechazada planteaba “importantes interrogantes” sobre el rol de los pueblos indígenas en la aprobación de grandes proyectos en sectores como minería, electricidad y silvicultura. También recalca las implicancias que hubiese tenido sobre los derechos de agua, la indemnización a los propietarios de bienes expropiados, el papel del sector privado en la provisión de seguros de salud y pensiones, y la composición y las competencias del Senado.
“El hecho de que se rechazara la nueva Constitución podría impulsar el sentimiento del mercado y eliminar la causa más inmediata que ha impactado las decisiones de inversión de los corporativos”, sugiere el reporte.
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