“Esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, lo que deberá ocurrir dentro de los diez días siguientes a su promulgación”, establece la primera de las normas transitorias de la propuesta constitucional que, de ser aprobada este domingo, también activa una serie de plazos y áreas específicas donde se deben presentar proyectos en ámbitos específicos y disolver instituciones como el Tribunal Constitucional.
El texto constitucional mandata al Presidente y su gobierno, junto a organismos competentes, a presentar proyectos y adecuar sus normativas en plazos que van desde los seis meses hasta los cinco años.
En primera instancia se establece que en un plazo de 60 días se debe presentar un proyecto de ley que regule la Corte Constitucional y sus procedimientos. Dicho organismo reemplazará a la actual Tribunal Constitucional.
En seis meses se debe presentar un proyecto que define el organismo que sugerirá la fórmula de distribución de ingresos fiscales entre el Estado y las entidades territoriales desde el Presupuesto del año 2025. En este mismo plazo se debe presentar el proyecto de ley que regula el procedimiento para las acciones de tutela de derechos.
En un año desde la promulgación del texto constitucional, se debe iniciar el trámite de la adecuación de la legislación electoral, proyecto de ley que cree el sistema de seguridad social y el que crea el Sistema de Cuidados. También el que crea la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas; y el proyecto que crea el Consejo de la Justicia (en reemplazo del Poder Judicial).
En un plazo de 18 meses se establece que se realizará la adecuación de la normativa relativa a la organización, funcionamiento e integración de los órganos del Estado Regional y de sus entidades territoriales, transferencias de competencias y los mínimos generales para los estatutos comunales. En el mismo plazo se legislará sobre cambios a la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la niñez y Adolescencia.
También se contempla la adecuación de la legislación laboral en materia de libertad sindical y el proyecto de ley que cree el sistema Nacional de Salud.
Tributos regionales
Las normas transitorias para cumplirse en un plazo de dos años consideran la presentación de un proyecto que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas.
También, el proyecto de ley que crea tributos de afectación territorial, las iniciativas que den forma al Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Pública. También el proyecto de ley sobre Sistema Integrado de Suelos Públicos.
En el mismo plazo, se debiera legislar sobre la adecuación de la legislación laboral en otras materias, un proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad, y otra iniciativa que regule la organización, el financiamiento y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza.
Tres años plazo habrá para el envío de proyectos de ley necesarios para establecer los tribunales administrativos y el proyecto de ley integral de patrimonios.
Finalmente, en un plazo de cinco años se fijó el envío del proyecto de ley que regula la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la justicia vecinal, así como la determinación de la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto de su personal.
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