Cuando el mundo avanza hacia establecer fórmulas para medir el gasto público en cambio climático, Chile ha decidido no quedarse atrás. El último Informe de Finanzas Públicas ya adelantaba que "deben ser los Ministerios de Hacienda los que lideren estos procesos junto con las Oficinas de Presupuestos dadas sus atribuciones legales y profundos conocimientos en la medición del gasto", para lo cual las entidades nacionales ya dieron el puntapié inicial.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) junto al Ministerio de Hacienda plasmaron este primer esfuerzo en la "Nota de investigación gasto público en cambio climático 2019: Una aproximación metodológica", la cual se llevó a cabo utilizando información levantada en el proceso de Evaluación y Monitoreo 2020 de la Subsecretaría de Evaluación Social y la misma Dipres, específicamente en la descripción detallada de los programas estudiados, con sus respectivos objetivos y gasto ejecutado asociado.
De la "muestra relevante" de 687 programas e iniciativas identificadas en el Presupuesto ejecutado en 2019, solo 32 estuvieron vinculados al cambio climático, lo que equivale a $ 322.418 millones y representa un 0,71% del total del Presupuesto del gobierno central en 2019, o bien el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo al ejercicio conjunto.
Eso sí, el coordinador Macroeconómico de Hacienda, Cristóbal Gamboni, precisa que "el universo de programas bajo análisis no cubre todo el gasto ejecutado por los ministerios que podría contener gasto público en cambio climático", por lo que destaca que "lo relevante del estudio es el ejercicio de operacionalizar una medición de estas características en el contexto nacional".
Adaptación y mitigación
De acuerdo al estudio, "para identificar este tipo de gasto, se debe contar con lineamientos y definiciones claras sobre qué es el cambio climático y qué tipo de actividades contribuyen a reducir su impacto" y precisa que "esto es, qué se entiende por medidas de mitigación y adaptación".
El análisis -que al medir gasto público no considera el rol del sector privado y las inversiones para reducir el impacto del cambio climático- identifica que el 83% del gasto ejecutado en los programas e iniciativas identificadas se vincula a actividades de adaptación al fenómeno, mientras que el 17% restante se asocia a su mitigación.
Al examinar la ejecución por ministerios, el grueso del gasto responde a Agricultura, específicamente un 48% en 13 iniciativas, como Bosque Nativo o Áreas Silvestres Protegidas en adaptación, y Protección Contra Incendios Forestales en mitigación.
La titular de la cartera, María Emilia Undurraga, precisa que el ejercicio de la Dipres y Hacienda "no hace más que confirmar la importancia que le hemos asignado a estos fenómenos que no solo afectan a Chile, sino que se trata de una preocupación compartida por los gobiernos y organizaciones de diversos países, con quienes también nos encontramos trabajando de manera coordinada".
Luego de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas es responsable del 36% de la participación relativa, gracias a su programa de Infraestructura Hidráulica Agua Potable Rural (APR), correspondiente a adaptación. En conjunto, estas carteras suman el 88% del gasto en actividades de adaptación (la mitad cada uno), y en mitigación Agricultura representa el 70%, seguido de Energía, que se hace cargo del 15%.
Justamente, el subsecretario de Energía, Francisco López, destaca que han liderado el ejercicio de definir la ruta hacia la carbono neutralidad "de una forma costo efectiva, con medidas concretas hacia el sector energético", el cual -recuerda- representa el 77% de las emisiones de gases efecto invernadero de Chile.
Hacia un marco fiscal completo
Para poner en contexto, Gamboni explica que la falta de una metodología oficial en Chile se explica, en parte, porque no hay una fórmula de consenso a nivel internacional, porque "hay mucha heterogeneidad entre los desafíos que cada país enfrenta y a las diferencias en los sistemas de administración financiera".
Pero, el coordinador de Investigación del Departamento de Estudios de la Dipres, Álvaro Miranda dice que luego del primer ejercicio "ya están las condiciones para replicar este cálculo año a año", y adelanta que junto a Hacienda están trabajando en diseñar una hoja de ruta que permita "establecer un marco fiscal más completo para la medición del gasto público en cambio climático a nivel de Ley de Presupuestos".
Agrega que se están estudiando metodologías aplicadas en otros países y propuestas de organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático (PNUD). Este último está apoyando a la Dipres en la realización de un diagnóstico sobre el gasto público en cambio climático.
"Según las mejores prácticas internacionales, los avances en esta materia deben ser graduales, de tal forma de identificar los obstáculos y brechas que surgen al momento de universalizar iniciativas de esta naturaleza", explica Miranda.
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