De acuerdo al cronograma inicial, la revisión de las 847 indicaciones del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático concluiría en enero pasado. La demora se debe no solo al volumen de indicaciones, sino que han ido surgiendo discusiones que buscan generar compromisos para fortalecer la institucionalidad medio ambiental en paralelo al debate parlamentario.
En este contexto, desde la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado plantearon al Ejecutivo la creación de un Protocolo de Acuerdo de seis propuestas clave en materia de institucionalidad ambiental y el compromiso de la comisión para concluir la revisión de las indicaciones a más tardar en julio.
Entre las propuestas hay tres materias que buscan se integren en el proyecto de Ley de Presupuestos 2022: un alza de dos dígitos en las asignaciones para la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -cuya presentación del proyecto de ley al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sería en diciembre de 2021-; la creación de una unidad medioambiental en la Contraloría y la incorporación del Plan Nacional de Protección de Humedales.
El protocolo también establece el despacho de la Ley de Protección de Biodiversidad y Áreas Protegidas; despacho e incorporación en agosto de 2021 de la ley de protección de turberas y regularizar durante este año las propuestas de nombramientos pendientes de Ministros para los Tribunales de Medio Ambiente.
"Estamos ad portas de despacharlos de la comisión y en este contexto hemos establecido un protocolo anexo a este proyecto de ley que establece temas que a nuestro juicio son relevantes. Incluso antes de avanzar al proyecto de ley de esta envergadura y lo estratégico que es, es necesario revisar la arquitectura de la institucionalidad ambiental y cómo está funcionando", sostiene la presidenta de la comisión, la senadora Ximena Órdenes (Independiente).
Según Órdenes, "se han observado deficiencias" en la Superintendencia de Medio Ambiente y que, además de darle más recursos en la ley de presupuestos, se mejorarán "a través de un proyecto de ley corta algunas funciones y atribuciones que le permitan hacer a este órgano fiscalizador bien su trabajo y llegar a un mejor nivel de cobertura".
Acerca de la iniciativa de unidad especializada en medio ambiente de la Contraloría, señala que "hemos establecido como condición de trabajo que se mantenga en el tiempo y que eso se exprese en el ejercicio presupuestario y también a futuro en un proyecto de ley", dice la senadora.
El senador Alfonso de Urresti (Partido Socialista) coincide en que se debe fortalecer la institución ambiental ya que "sus retrasos se hacen evidentes". "Es inconcebible que la Superintendencia tenga un presupuesto más pequeño que prácticamente todas las otras superintendencia y es contradictorio porque la recaudación que hace por multa es bastante importante", señala.
Temas pendientes
La Ley Marco de Cambio Climático busca establecer un marco jurídico y asignar responsabilidades específicas a públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático en el contexto de la meta chilena de carbono neutralidad a 2050.
El proyecto entró en diciembre de 2020 al primer trámite constitucional con la revisión de las 847 indicaciones divididas en cinco tomos realizadas por los senadores, el ministerio del Medio Ambiente y el apoyo de expertas del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile.
Además de las indicaciones, hay otros temas pendientes por revisar, como la certificación que acredite la reducción, absorción o excedentes de gases de efecto invernadero y los planes hídricos de cuenca
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