En esta nueva era digital, la inteligencia artificial, la robótica, las plataformas cognitivas y la capacidad para procesar data a gran escala están generando la disrupción tecnológica más relevante conocida por la humanidad, la cual ha impactado en diversas áreas y actividades.
Adicionalmente hemos visto como proyectos de transformación digital que tenían una planificación a cinco años, se han llevado a cabo en cuestión de meses durante la pandemia, y todo indica que esta es una tendencia que se mantendrá. Esto ha llevado a las organizaciones a desplegar tecnologías mucho más rápidamente para mantener sus negocios funcionando o con el fin de ayudar a las personas.
El Estado no puede estar ajeno a este escenario. En junio pasado comenzó a implementarse la Ley 21.880 de Transformación Digital del Estado la que, a través de la innovación, el uso estratégico de tecnologías y la colaboración, busca forjar un Estado moderno que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, estamos en un año electoral y los cambios de gobierno pueden afectar la continuidad de éste u otros proyectos.
La digitalización del aparato público debe ser un pilar fundamental dentro de las políticas públicas más allá del gobierno turno. Temáticas como salud, pensiones, educación y delincuencia, son solo algunas materias que podrían ser abordadas a través de la tecnología de una manera mucho más asertiva e integrada, para entregar soluciones rápidas y efectivas a la ciudadanía.
Hemos visto en las últimas semanas los debates en el marco de las primarias presidenciales, donde algunos candidatos ya se han referido a estos temas, reforzando ideas como la continuidad de digitalización del aparato estatal y mejorar los procesos de trámites, tanto para la ciudadanía general, así como para las PYME al momento de constituir sociedades. Pero es clave poder abordar la digitalización con una mirada más amplia y de manera mucho más proactiva, por lo que uno esperaría que sea un eje de discusión obligatorio en los programas de gobierno de todos los candidatos de cara a la elección presidencial de fin de año.
La actual Ley de Transformación Digital debe ser el principio de algo mucho mayor, donde la experiencia de los ciudadanos sea solo uno de los focos donde se debe mejorar; ítems como ciberseguridad, brecha digital, reconversión laboral, protección de datos personales, también deben ser ejes donde el Estado debe invertir, a través de políticas públicas sólidas y contundentes que perduren en el tiempo.
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