En el marco del “Encuentro Internacional de Cibercrimen: Tecnologías Innovadoras en las Investigaciones en Entornos Digitales”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sucribió un convenio de colaboración en materia de cibercrimen con el Ministerio Público de la Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según un comunicado, el convenio considera intercambio de experiencias en materia de ciberdelincuencia y evidencia digital, a través de conferencias, seminarios, talleres, la implementación de programas de prevención, concientización en materia de contravenciones y delitos informáticos, estudios, información estadística y asesoramiento técnico.
Además, el fiscal Valencia fue expositor del encuentro, instancia en que relató la experiencia de Chile en la obtención de evidencia digital desde el extranjero.
También participaron los fiscales nacionales de Argentina, Colombia y los fiscales generales del Estado de Ceará y del Estado de Rio de Janeiro, ambos de Brasil.
Evidencia digital
El jefe del Ministerio Público explicó que el 89% de las solicitudes de evidencia digital entre el año 2016 y el 2022 fueron realizadas a proveedores de servicio en Estados Unidos como Facebook e Instagram con un 35%, Google 22%, y a Twitter con un 7%.
“Lo primero que debe hacer el persecutor, si cree que un proveedor de servicio puede estar en posesión de evidencia necesaria para la investigación, es realizar una solicitud de preservación”, señaló el Valencia, aclarando que la petición consiste en que el proveedor que no borre los datos.
Según Fiscalía, la recolección de los datos se usa principalmente cuando existe un riesgo inminente para la vida de una persona, o son delitos contra menores de edad, o que ponen en riesgo la seguridad pública, entre otras situaciones. Además, también se utiliza para identificar y localizar a autores de delitos de amenaza, personas desaparecidas, prófugos, ubicar a sospechosos en el sitio del suceso, determinar los integrantes de una banda, grupo delictivo o autores de abuso sexual o de estafas.
“Nuestro logro más importante, en materia de cooperación internacional para la obtención de evidencia digital, es haber reducido los tiempos de respuesta del Departamento de Justicia y aumentado las respuestas exitosas. Entre 2016 y 2018 ascienden a un 30% los requerimientos formales de asistencia remitidos, mientras que para el período 2020 -2021 ya habíamos alcanzado sobre el 80% de respuestas exitosas”, explicó el fiscal Valencia.
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