El 9 de junio próximo entrará en vigencia la Ley de Transformación Digital del Estado, promulgada en 2019 y que establece que “todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de los medios electrónicos establecidos por ley, salvo las excepciones legales”.
En este contexto, para avanzar en la digitalización del sector público, en julio de 2019 Sebastián Piñera presentó una hoja de ruta con 50 medidas para la modernización del Estado. Este mes, el Gobierno publicó un informe”, donde se muestran los resultados de esta agenda, que además se vio acelerada como consecuencia de la pandemia.
Según datos entregados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres, a la fecha hay 14 millones de usuarios con ClaveÚnica en el país y un 86% de los trámites del Estado están disponibles para efectuarse a través de la web.
El subsecretario de esta cartera -de la cual depende la división de Gobierno Digital-, Máximo Pavez, afirma que el objetivo de esta agenda es generar un soporte permanente para vincular a la ciudadanía con el Estado y que “va a permitir que nunca más una persona tenga que circular de entidad en entidad para buscar papeles que el Estado ya tiene”.
Principales avances
En primer lugar, la pandemia provocó un alza sin precedentes en el número de atenciones anuales realizadas en ChileAtiende, la red multiservicios del Estado para acceder a trámites.
Cuando se creó la plataforma, en 2012, hubo 25 millones de atenciones, cifra que se incrementó a 135 millones en 2019. Solo entre 2020 y 2021 el sitio llegó a los 833 millones de atenciones, con un peak de 4 millones de visitas al día.
Por otro lado, la información de la Segpres indica que 11 millones 241 mil personas activaron su ClaveÚnica, la “identidad digital” para hacer trámites online- entre 2018 y 2021. Durante el último año se registraron 654 millones de transacciones con este mecanismo, lo que equivale al 90% de los trámites realizados.
En las plataformas del Estado, ya hay 2.997 trámites disponibles, el 86% del total.
Otra herramienta muy utilizada fue la Comisaría Virtual, para obtener los salvoconductos durante el Estado de Excepción vigente entre marzo de 2020 y septiembre de 2020- por pandemia, período en el que se emitieron 280 millones de permisos de desplazamiento.
En cuanto al Hospital Digital, -que partió en 2018-, se contabilizaron 2.938.325 prestaciones de salud a 2021, en especialidades como diabetes, geriatría y salud mental. Por otro lado, entre 2018 y 2021 la emisión de licencias médicas electrónicas aumentó del 30% a 95%.
Como nuevas medidas, en la operación renta 2020 se envió una primera versión del reporta al contribuyente, en el que tres millones de personas recibieron la información personalizada del uso de sus impuestos (renta e IVA). Esta cifra subió a 10 millones de contribuyentes en 2021.
Además, el sistema de compras públicas con facturas electrónicas transó más de 1,2 millones de documentos el primer semestre de 2021 y se lanzó la plataforma de datos abiertos para visualizar información de transacciones con gasto fiscal. Las encuestas de satisfacción de usuario en la última experiencia con el Estado miden una satisfacción general del 57%, dice la Segpres.
Por último, la Dirección del Trabajo (DT) ha tenido su propio proceso de modernización. Durante el primer semestre de 2021, en su portal, se obtuvieron 682.231 certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales; 642.500 cartas electrónicas de aviso de despido de cinco o más trabajadores -por nóminas- y 632.754 cartas electrónicas de aviso de despido.
Materias pendientes
El senador independiente, Kenneth Pugh, afirma que estos avances “son cosméticos”, y que no existe una agenda de ciberseguridad que proteja tanto a ciudadanos como a la infraestructura del Estado.
“Ha habido ataques, bloqueos, robos de identidad. No se puede avanzar en transformación digital sin ciberseguridad, y el Gobierno ha estado lento en crear una gobernanza (…) la protección de los datos personales es la espina dorsal de todo nuestro sistema digital”, dice.
Estima que es necesario crear una institución que se encargue específicamente de liderar la digitalización del sector público. “El gobierno de Gabriel Boric tendrá que ejecutar la ley de transformación digital y una cosa que tenemos que discutir es orgánicamente quién se hará responsable”, señala.
Pone el caso de Uruguay, que formó una agencia de transformación digital que mantuvo su equipo por 10 años y llevó a ese país a formar parte del Digital 9, red intergubernamental entre las naciones más avanzadas, junto a Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido.
Además,Pugh destaca que es crucial garantizar el acceso de todas las personas a Internet, junto con políticas de alfabetización digital y disminución de la brecha tecnológica de género, para hacer efectiva la digitalización.
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